SANTO DOMINGO.- Participación Ciudadana (PC) presentó este lunes su balance del año 2024 en el que destaca los avances en la organización de los procesos electorales; el crecimiento de la economía en el país y el control de la inflación; así como lamentó lentos avances en los casos de corrupción que cursan en la justicia y la falta de un consenso para la ejecución de la reforma fiscal.
«Los dos certámenes electorales que se llevaron a cabo en el 2024 transcurrieron con relativa normalidad, destacándose la excelente labor de los órganos responsables de la organización de los procesos y de dirimir los conflictos, como la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, respectivamente. Las impugnaciones fueron mucho menos que en ocasiones anteriores, pero la cultura clientelar y el alto costo de la política siguen siendo obstáculos para mayores avances. La abstención subió, factor que la JCE se ha comprometido a investigar y prestar atención», expresó PC.
La organización destaca que el presente año estuvo marcado por una ralentización en la función fiscalizadora de los organismos del Estado.
«Aunque hubo avances en el marco normativo, como la promulgación de la nueva Ley No. 18-24, sobre la Cámara de Cuentas, y la entrada en vigor, en febrero 2024, del Decreto No. 416-23 que aprueba el nuevo Reglamento de aplicación de la Ley No. 340-06. En relación con los órganos de control interno debemos destacar avances importantes en la labor de rectoría y monitoreo de la Dirección de Compras y Contrataciones».
PC destaca la aprobación de una reforma a la Constitución que hace más difícil cualquier intento por mantenerse en la presidencia más allá de dos periodos.
«Otro cambio positivo fue excluir al procurador general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, así como su nombramiento y el de sus adjuntos mediante propuesta que presentará el presidente al Consejo Nacional de la Magistratura y la inclusión en este organismo del presidente del Tribunal Constitucional».
El movimiento cívico no partidista lamentó que el período del procurador general será de solo dos años, con posibilidad de ser confirmado por otro periodo similar, señalando que le resta independencia.
PC indició que no comparte la decisión de unificar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales en una misma fecha.
Asimismo lamentó que se haya perdido la oportunidad de un acuerdo nacional para la reforma fiscal, en razón de que el país tiene una larga lista de necesidades de inversión para mejorar la vida de la población.
«PC exhorta al gobierno a retomar en el 2025 esta reforma y avanzar en las otras prioritarias, como las de seguridad social, salud, partidos políticos, seguridad ciudadana, reforma policial, código penal, y modificación de la Ley de Contrataciones Públicas. La importante Ley de Extinción de Dominio, promulgada en el 2022, todavía no ha entrado en ejecución por falta de los reglamentos», añadió la organización.
Al tiempo de asegurar que se suma a la preocupación por el tema haitiano, PC entiende que el país debe ser «prudente, equilibrado y firme» en torno a la difícil situación en que se encuentra el país al compartir la isla con una nación que sufre una profunda crisis económica, política, institucional y social, pero que, al mismo tiempo mantiene y debe seguir manteniendo, tanto una relación comercial como un controlado suministro de la fuerza laboral que el país requiere para la producción agrícola, la construcción y otros servicios.
«Con firmeza, pero respetando el debido proceso y los derechos humanos, debemos continuar protegiendo nuestras fronteras, acabando con la corrupción en el trasiego de haitianos y estableciendo mecanismos institucionales para la estabilidad de aquellos trabajadores de origen haitiano que contribuyen a la sostenibilidad y crecimiento de la economía dominicana».
«Uno de los temas más preocupantes en el 2024 ha sido la lentitud en el conocimiento de los casos de corrupción pública por parte de los tribunales apoderados, tanto las audiencias preliminares como los juicios de fondo se ven obstaculizados por estrategias dilatorias, aplazando por meses las audiencias por causas injustificables», expresó PC.
La organización señaló que en casos como el denominado Camaleón, sorprendió que a un imputado se le variara la prisión preventiva, a pesar de que en su vehículo se encontró un listado de jueces y auxiliares en un claro propósito de incidir sobre los casos, poniendo en peligro las pruebas y la integridad de los miembros y auxiliares del poder judicial.
«El panorama preocupante del sector justicia se acrecentó recientemente cuando fue anunciada una normativa que contribuye a socavar la transparencia mediante una política de protección de datos que prioriza la privacidad y disociación de datos que impedirían identificar a imputados en casos de corrupción y otros infractores de la ley, cuando en la Constitución la regla en materia judicial es el carácter público de los juicios, salvo en casos o condiciones excepcionales y especificadas que pudiera comprometer el proceso en algún aspecto».
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