Bruselas.- El Tribunal General de la Unión Europea (UE) anuló en una sentencia la decisión de la Comisión Europea (CE) de pedir a Irlanda la recuperación de 13.000 millones de euros más intereses en impuestos no abonados por la multinacional estadounidense Apple a las autoridades de Dublín entre 2003 y 2014.

La corte con sede en Luxemburgo consideró que Bruselas no demostró con la suficiente solidez desde el punto de vista jurídico que Irlanda otorgó una ventaja competitiva a Apple frente a otras compañías mediante los acuerdos fiscales que reducían los impuestos que pagaba la firma de la manzana. De hecho, indicó que la CE “se equivocó” al declarar que la empresa había recibido “una ventaja económica selectiva y, por extensión, ayuda de Estado”.

La sentencia supone un duro revés para la política de la CE en el ámbito de la competencia, pero se puede recurrir en un plazo de dos meses y diez días ante el Tribunal de Justicia de la UE, la instancia judicial superior del club comunitario.

No obstante, la CE se limitó a decir hoy que estudiará la decisión judicial y “reflexionará sobre posibles próximos pasos”.

2016, ORIGEN DEL CASO
En agosto de 2016, la Comisión concluyó que dos pactos fiscales concedidos a Apple por Irlanda en 1991 y 2007 le permitieron “reducir sustancialmente y de forma artificial los impuestos” que pagaba, llegando a abonar una tasa efectiva del 0,005 % en 2014 aunque el impuesto de sociedades es del 12,5 %.

Según los cálculos que realizó Bruselas, los impuestos no abonados por la tecnológica ascendían a 13.000 millones de euros más otros 1.200 millones en intereses, una cantidad que la Hacienda irlandesa ya recuperó en 2018, pese a los recursos que tanto Dublín como Apple habían presentado ante la corte comunitaria.

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Esa cifra solo representaba el importe que la firma de Cupertino dejó de pagar entre 2003 y 2014 porque la Comisión solo puede aplicar una retroactividad de diez años respecto a la fecha en la que solicitó por primera vez información sobre el caso, en 2013.

Según la investigación de la CE, Apple operaba en Europa a través de las sociedades Apple Operations Europe (AOE) y Apple Sales International (ASI), con base en Irlanda.

Apple desviaba los beneficios que obtenía en varias regiones -Europa, Oriente Medio, África e India- a Apple Sales International, que a su vez dividía estos beneficios y los localizaba internamente en una “sede social” que no estaba ubicada en ningún país y no tenía empleados ni oficinas propias, de manera que la mayor parte de esos beneficios que se le asignaban quedaban sin tasa.

LA SENTENCIA
Sin embargo, el Tribunal General asegura en su sentencia que el Ejecutivo comunitario “se equivocó” al declarar que Apple Sales International y Apple Operatins Europe habían recibido “una ventaja económica selectiva y, por extensión, ayuda de Estado”.

Insiste en que Bruselas concluyó “de manera errónea” que Irlanda había concedido a Apple Sales International y Apple Operations Europe una ventaja por no haber atribuido a sus sucursales irlandesas las licencias de propiedad intelectual del grupo Apple que ostentan ASI y AOE.

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En consecuencia, tampoco se atribuyeron a las sucursales irlandesas todos los ingresos comerciales obtenidos por las ventas de Apple fuera de América.

Según la corte de la UE, la Comisión debería haber demostrado que esos ingresos representaban el valor de las actividades que realmente realizaban las sucursales irlandesas por sí mismas, “teniendo en cuenta, por una parte, las actividades y funciones efectivamente ejercidas por las filiales irlandesas de ASI y AOE y, por otra parte, las decisiones estratégicas tomadas y aplicadas al margen de esas sucursales”.

La corte también señala que Bruselas no logró demostrar “errores metodológicos” en los acuerdos fiscales que Irlanda estableció para Apple “que hubieran conducido a una reducción en los beneficios imponibles de ASI y AOE en Irlanda”.

Así, recalca que pese a “lamentar la naturaleza incompleta y ocasionalmente inconsistente” de los acuerdos fiscales puestos en cuestión en este caso, “los defectos identificados por la Comisión no son, por sí mismos, suficientes para demostrar la existencia de una ventaja” competitiva frente a otras empresas.

El Tribunal considera, igualmente, que Bruselas no ha demostrado que los pactos fiscales fueran consecuencia de que las autoridades irlandesas actuaran de forma discrecional para favorecer y dar una ventaja competitiva a ASI y AOE.

REACCIONES DESDE BRUSELAS Y DUBLÍN
Tras la publicación de la sentencia, la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, afirmó que seguirá analizando los acuerdos fiscales entre las empresas y los países miembros de la Unión Europea para confirmar si constituyen una ayuda de Estado ilegal.

“La Comisión continuará analizando las medidas de planificación fiscal abusiva bajo las normas de ayudas de Estado de la UE para evaluar si dan lugar a ayudas de Estado ilegales”, declaró en un comunicado la política danesa, quien en 2016 pidió a Irlanda recuperar los 13.000 millones y los intereses.

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Añadió que la CE sigue considerando que “todas las empresas deberían pagar su proporción justa de impuestos”.

“Si los Estados miembros dan a ciertas multinacionales ventajas fiscales que no están disponibles para sus rivales, esto daña la competencia justa en la UE”, afirmó Vestager.

“Estudiaremos con cuidado la sentencia y reflexionaremos sobre posibles próximos pasos”, se limitó a decir, sin confirmar aún la presentación del recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Desde Irlanda, el Gobierno reiteró que no concedió “ayuda estatal” a la multinacional estadounidense Apple y celebró que la Justicia comunitaria haya “respaldado esta posición”.

“Irlanda siempre ha sido clara respecto a que no se concedió un tratamiento especial a las dos compañías de Apple, ASI y AOE. Se les aplicó el impuesto irlandés correcto y se cobró una cantidad en línea con el régimen fiscal normal”, señaló el Ministerio de Finanzas.

PRECEDENTES
La Justicia comunitaria ya había tratado con anterioridad casos similares al de Apple, aunque con cifras muy inferiores a los 13.000 millones que Bruselas exigía recuperar.

El pasado septiembre, el Tribunal General anuló la decisión de la CE que pidió a Holanda recuperar entre 20 y 30 millones de euros de Starbucks por haberse beneficiado de supuestas ventajas fiscales ilegales, pero confirmó la que solicitaba a Luxemburgo hacer lo mismo con Fiat.

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