SANTO DOMINGO.- El delegado del Bloque Institucional Socialdemócrata ante la Junta Central Electoral (JCE), Manuel Soto Lara, dijo este lunes que el órgano electoral no es un tribunal sino un administrador de procesos electorales, como dispone expresamente la Carta Magna en su artículo 212, al definir con precisión insoslayable que su función es la de “dirigir las asambleas electorales”, por lo que espera que reconsidere decisiones sobre el orden de los partidos.

Soto Lara explicó que se supone que la JCE está obligada a dar vigencia plena a las leyes que sectorialmente le incumben.

Sus declaraciones se produjeron tras depositar un recurso contra la resolución de la JCE, sobre el orden de los partidos en la boleta y el reglamento de distribución de la contribución económica del Estado a los partidos, en la Secretaría General del órgano electoral.

Estuvo acompañado de Janet Camilo, representante del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y Manuel Crespo, del Partido Fuerza del Pueblo (FP), entre otros.

“Por más odios que algunos sectores hayan hecho recaer sobre los partidos, es inadmisible que un órgano constitucional que se supone de naturaleza técnica evacue resoluciones y reglamentos destinados a burlar las leyes, tanto en su propósito normativo como en su redacción formal”, sostuvo.

Recordó que, en efecto, el proceso de adopción del Reglamento No. 01-2021 de fecha 27 de enero de 2021, sobre la Distribución de la Contribución Económica del Estado a los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, vulnera el debido proceso administrativo para la adopción de reglamentos o normas de similar categoría previsto en los artículos 30 y 31 de la ley 107-13 sobre los procedimientos administrativos que hace obligatorio que la JCE ante de emitir un reglamento somete a la consideración de las organizaciones política, de ciudadanía y el anteproyecto de reglamento.

Dijo que la naturaleza de las resoluciones objeto de reconsideración, le impone a la JCE a que en su adopción esta debía someterse al cumplimiento y garantizar el debido proceso constitucional previsto en el artículo 69, numeral 10 de la Carta Sustantiva, el cual establece que “Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.

Asimismo, Manuel Crespo, de la FP, aclaró que aunque el órgano electoral requirió la opinión de los partidos en relación a las referidas resoluciones, previo a aprobar la reglamentación, obvió agotar los requisitos esenciales de publicidad, comunicación y consulta efectiva del texto propuesto, tal como lo prevé la citada ley sobre el procedimiento administrativo.

Puntualizó que en este caso, comienza a tomar cuerpo una violación flagrante de la ley, pretextándose una supuesta diferencia entre el Presupuesto de 2021 y la Adenda al mismo remitida por el Poder Ejecutivo.

“Pero ambos instrumentos dispone literalmente que a la JCE se entregarán, a fines de la “administración de contribuciones especiales”, la suma de RD$12,260,400 millones de pesos (cuadro #9 pág. 22 de la Ley #237-20 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2021. G. O. 10999 del 3 de diciembre del 2020 y cuadro #9 de la Adenda, clasificación programática del gasto, artículo 14, p. 15)”.

La JCE dice que va a entregar RD$630 millones.

En ese contexto, Manuel Soto Lara expresó que para justificar la nueva ilegalidad, se pretexta la construcción de una edificación universitaria a favor de una institución que, por sí sola, consume miles de millones de pesos del Estado.

La JCE no está por encima de la ley

Manifestó que, de hecho, todos los servidores públicos hacen el juramento sancionado por el artículo 276 de la Constitución, según el cual, “La persona designada para ejercer una función pública deberá prestar juramento de respetar la Constitución y las leyes, y de desempeñar fielmente los deberes de su cargo”.

Sostuvo que la Ley de Presupuesto fue aprobada regularmente por el Congreso Nacional, y contempla un monto específico y claro para la contribución del Estado que no puede rebajarse a la mitad de manera administrativa y “graciosa”.

“La ley es la ley. Si lo que dispone no les gusta, señores, hagan otra. Pero en lo que se fabrican a su gusto, deben cumplir lo que la ley ordena”, concluyó Soto Lara.-

 

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