Santo Domingo.– El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, resaltó este lunes la necesidad de mantener el yate “Balbie” como evidencia en el caso de sobornos de Odebrecht para que sea un tribunal que decida sobre su destino.

“Es una evidencia del caso Odebrecht y así debe de mantenerse”, manifestó Camacho sobre una acción de amparo que procura la devolución de la embarcación propiedad del imputado Víctor Díaz Rúa y que fue incautada en el transcurso de la investigación.

El titular de la Pepca se refirió al tema al responder preguntas de los periodistas sobre la acción de amparo que se conoce este lunes en la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

El exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa es uno de los seis procesados por los 92 millones de dólares en sobornos que la constructora brasileña Odebrecht admitió haber pagado en el país para lograr la adjudicación de obras públicas.

Por el caso también son enjuiciados el empresario Ángel Rondón, el abogado Conrado Pittaluga y los exsenadores Andrés Bautista García, Tommy Galán Grullón y Roberto Rodríguez.

El órgano persecutor de la corrupción señaló que durante los ocho años consecutivos en que Díaz Rúa ejerció funciones en el Estado recibió sobornos para favorecer a la Constructora Norberto Odebrecht en la adjudicación de contratos millonarios de importantes obras gubernamentales.

Indicó que la mayoría de los productos financieros fueron abiertos después de 2004, cuando el imputado inició su gestión como director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y cuando se desempeñó como titular de Obras Públicas desde 2007 hasta 2012.

Precisó que Díaz Rúa también utilizó el dinero ilícito producto del pago de sobornos para adquirir bienes de lujo, entre ellos el yate de recreo de 60 pies de eslora, bautizado como “Balbie”.

Este lunes continúa declarando ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional María del Carmen Álvarez, la sexta testigo que presta testimonio en este juicio, proceso que se está viendo ralentizado por las contantes oposiciones planteadas por las respectivas defensas de los acusados.

Según señala un comunicado de la Procuraduría General de la República, los fiscales van a incorporar un informe societario que involucra compañías del acusado Andrés Bautista García y, posteriormente, incorporarán más evidencias con el resto de los testigos del Ministerio Público, que son 28 en total.

La constructora brasileña admitió haber pagado 92 millones de dólares en concepto de sobornos en el país entre 2001 y 2014 para lograr contratos de obras públicas.

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