Súper 7 FM : ::

SANTO DOMINGO.- Aunque el Congreso Nacional introdujo modificaciones a la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos para atender reclamos del sector productivo, la normativa continúa generando posiciones encontradas entre empresarios y comerciantes, quienes discrepan sobre la forma en que se calcularán las contribuciones de las empresas.

Durante un desayuno empresarial organizado por la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), su presidente, Fernando Pinales, reconoció que la legislación incorpora mejoras, pero consideró que aún requiere una nueva revisión para corregir aspectos que, a su juicio, afectan a empresas que generan pocos residuos.

Pinales cuestionó que el monto de la contribución continúe tomando como referencia los ingresos de las empresas y no la cantidad de desechos que producen.

“Un ejemplo: una agencia de viajes que prepara tours no produce prácticamente residuos sólidos y vende muchísimo; entonces están gravando a las empresas por los ingresos”, sostuvo.

El dirigente empresarial también criticó que la ley obligue a pagar contribuciones a negocios que no se encuentran operando.

“Entendemos que esa ley debe llevarse de nuevo a la Cámara de Diputados y analizarse para que todos los empresarios estemos de acuerdo, porque está poniendo a empresas que, aunque no estén operando, tienen que pagar. Por ejemplo, una empresa inactiva debe pagar cinco mil pesos y de eso no estamos de acuerdo”, expresó.

No obstante, la posición de la Federación Dominicana de Comerciantes es distinta. Su presidente, Iván de Jesús García, defendió las modificaciones realizadas por el Congreso y aseguró que la normativa excluye del pago a diversos sectores que anteriormente manifestaban preocupación.

Explicó que quedaron exentas las iglesias, las organizaciones no gubernamentales y los micro y pequeños negocios de propietario único, como colmados, tiendas de celulares y pequeñas fábricas.

“Es bueno que se entienda que las iglesias y las ONG quedaron liberadas del pago de esta contribución. También los micro y pequeños negocios de un solo dueño no van a ser contribuyentes”, indicó.

García también aclaró que las grandes empresas no asumirán de inmediato el monto máximo contemplado en la ley y que la contribución podrá ser deducida como gasto para fines tributarios.

“Para las grandes empresas no es que van a pagar 2.2 millones de pesos este año, eso será el próximo año. Además, ese pago será reconocido como gasto, por lo que quien pague 2.2 millones, al aplicar la deducción correspondiente, terminará pagando alrededor de 1.75 millones de pesos”, afirmó.

Ambos dirigentes participaron en el desayuno empresarial encabezado por el director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se analizaron las nuevas disposiciones tributarias contenidas en la Ley 30-26 sobre medidas para el crecimiento económico y la mitigación de la crisis internacional, así como el impacto de estas reformas en las micro, pequeñas y medianas empresas.