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SANTO DOMINGO OESTE.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste aplazó este lunes el conocimiento de la medida de coerción contra el cabo de la Policía Nacional, José Francisco Moreta Heredia, acusado de matar de un disparo al joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, durante un operativo realizado el pasado viernes en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera.

El Ministerio Público solicita la imposición de 12 meses de prisión preventiva contra el agente, al imputarle la presunta violación de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el homicidio voluntario.

Según el expediente acusatorio, el hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde, cuando Moreta Heredia realizaba labores de patrullaje y requisaba a Fénix Junior Ceballos Guzmán, quien conducía una motocicleta propiedad de la víctima.

La investigación establece que, cuando Darlin Enmanuel Mercado Reyes se acercó para informar que el vehículo le pertenecía, el cabo le disparó en el tórax sin mediar palabras, provocándole la muerte de manera instantánea.

Como parte de las evidencias, el órgano acusador cuenta con un video grabado por Ceballos Guzmán con su teléfono celular, el cual será sometido a análisis por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Antes del inicio de la audiencia, el abogado de la familia de la víctima, Bunel Ramírez Merán, calificó el crimen como un hecho que ha consternado a toda la sociedad dominicana y recordó que ha generado reacciones de las más altas autoridades del país.

"Nosotros primero lamentar este hecho que ha consternado e indignado no solamente a Santo Domingo Oeste, sino a todo el país, que ha merecido la atención de las autoridades, incluyendo al presidente de la República, la ministra de Interior y Policía y el director de la Policía Nacional", expresó.

El jurista informó que la familia respalda la solicitud del Ministerio Público para que al imputado se le impongan 12 meses de prisión preventiva debido a la gravedad del caso.

"Estamos solicitando conjuntamente con el Ministerio Público prisión preventiva por 12 meses, dada la gravedad del hecho y la posible pena a imponer, que necesariamente será de 20 años", manifestó.

Ramírez Merán también descartó las versiones que han circulado sobre una supuesta sustitución del responsable del disparo.

"No nos consta y no podemos, bajo ningún concepto, pensar que eso pueda ocurrir. Por consiguiente, se descarta que una persona se haga responsable de un hecho tan grave, tan atroz, que ha conmovido a todo el país. Eso no ha ocurrido", sostuvo.

Asimismo, adelantó que la parte querellante se opondrá a cualquier trato privilegiado para el agente durante el proceso judicial.

"Nos vamos a oponer tajantemente a que tenga un trato privilegiado, sobre todo cuando no entendemos ni creemos que la Policía Nacional pueda servir de cuna de protección para una persona asesina", declaró.

De su lado, el abogado del cabo, Juan Alberto Ramírez Zavala, afirmó que su cliente nunca tuvo la intención de quitarle la vida al joven y explicó que el disparo ocurrió de manera accidental cuando intentó intimidarlo con su arma de reglamento.

"En ningún momento tuvo la intención de dispararle al joven. En el momento él se vio sorprendido por el joven. Jaló el arma de fuego para amedrentarlo y tenía un tiro en la recámara. Ahí pasó el lamentable hecho", aseguró.

El defensor sostuvo además que el agente está arrepentido por lo ocurrido y que incluso manifestó su intención de ofrecer disculpas públicas a los familiares de la víctima.

"Claro que sí. Incluso le iba a pedir una disculpa pública a sus familiares porque entiende que están atravesando un dolor que nadie quiere pasar. Él dice que no tenía intención de matarlo", expresó.

Sobre las circunstancias del incidente, Ramírez Zavala indicó que su defendido actuó porque entendía que estaba siendo amenazado, aunque reconoció que desconoce el contenido del video que forma parte de las pruebas del Ministerio Público.

Consultado sobre el hecho de que la víctima se encontraba desarmada, respondió que el agente no sabía si los jóvenes portaban o no algún arma y señaló que será la justicia la que determine las responsabilidades.

El abogado también informó que, en caso de que el tribunal imponga prisión preventiva, solicitará que su cliente sea recluido en la cárcel de Operaciones Especiales, al considerar que así lo establece la normativa aplicable a miembros de la Policía Nacional y porque entiende que su vida correría peligro en un recinto penitenciario común.

"Según el decreto 2022, un miembro de la Policía cuando enfrenta una actuación de este tipo debe ser llevado a Operaciones Especiales porque es una cárcel especial para policías. Su vida corre peligro porque hay una sociedad empoderada en este proceso y en una cárcel pública su vida está en peligro", afirmó.

Durante sus declaraciones, Ramírez Zavala también cuestionó los resultados de la reforma policial impulsada por el Gobierno, aunque aclaró que no responsabiliza al presidente Luis Abinader por la actuación individual del agente.

"No justificamos la acción, pero si el presidente tiene cinco años buscando una reforma policial, ya hace rato que debimos tener un resultado mejor. El presidente no tiene la culpa de que él lo haga, porque los hechos personales son personales", concluyó.

El Ministerio Público mantiene su solicitud de prisión preventiva al considerar que existen suficientes elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal del imputado y que la medida es necesaria para garantizar su presencia durante todo el proceso judicial.