PLD denuncia crisis de violencia, inseguridad ciudadana y ausencia de plan de prevención de parte del Gobierno

La Comisión de Defensa y Seguridad del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lamentó la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades ante una realidad que no puede ocultarse detrás de discursos oficiales ni de cifras imprecisas, sin el respaldo técnico adecuado.

Yaniris Díaz, subsecretaria de Seguridad del PLD, expresa su preocupación por el hecho de que el Gobierno insista en presentar como un logro una supuesta reducción de la criminalidad. Mientras tanto, las familias dominicanas viven con miedo, los comerciantes cierran sus negocios debido a la incertidumbre, los ciudadanos son víctimas de robos y hurtos a plena luz del día, y la Policía Nacional, en más del 80% de los casos, no ofrece una respuesta oportuna, eficaz ni convincente.

“No hablamos de percepciones fabricadas; hablamos de hechos que se repiten en sectores residenciales, en avenidas, en negocios, en estacionamientos, en colmados, en talleres, en mueblerías y en espacios donde la gente debería sentirse protegida”, indicó.

El Gobierno asegura que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes fue de 8.15 en el año 2025. Sin embargo, esa cifra carece de soporte técnico verificable. Por otro lado, la Procuraduría General de la República solo cuenta con datos hasta 2024, los cuales indican una tasa de 12.7, mientras que el propio Gobierno reportó una tasa de 9.7 para ese mismo período.

Sostuvo que esa diferencia de tres puntos es una contradicción institucional que obliga a preguntar: ¿cuál es la metodología, cuáles son sus fuentes y cuál es la trazabilidad que utiliza la estadística oficial de seguridad?

Tan preocupante como el aumento de la criminalidad y las muertes causadas por este flagelo es que el 59% de las muertes violentas ocurren en conflictos sociales cotidianos, según datos de la propia Procuradora General de la República.

¿A qué se debe esto? Cuando a un padre de familia la inflación le consume el salario, aumenta la violencia social.

El aumento desmedido de los productos básicos de primera necesidad, como los alimentos y las gasolinas, se ha combinado, además, con la precarización de los servicios públicos: el Metro ahora falla constantemente, y ha empeorado el servicio de energía eléctrica, agua potable, entre otros.

No tener dinero para comprar, dormir en el calor de la noche agobiado por los mosquitos, tener que caminar kilómetros a pie o pagar sumas exorbitantes en transporte porque el metro falla, son, en definitiva, caldo de cultivo para la violencia social.

El pueblo dominicano vive hoy en el hartazgo, porque el Gobierno del PRM ha empeorado su calidad de vida. ¡Esa es la verdad que está incrementando la violencia social en nuestro país!

En los primeros dos meses del año, los feminicidios en el país se triplicaron en comparación con el 2025. Hasta el mes pasado, la cifra ascendía a 24 mujeres asesinadas.

La convivencia se ha roto. En gran medida, de ahí provienen las discusiones entre vecinos, los altercados de tránsito y las riñas familiares que terminan en tragedia.

Un ejemplo claro y, a la vez, lamentable es el asesinato del conductor en Santiago, quien fue ultimado con un arma blanca. Esto ocurrió frente a un destacamento policial, donde pidió ayuda y fue ignorado.

A esto se le suma la ausencia de una autoridad preventiva; la llamada "Reforma Policial" no ha logrado establecer protocolos eficaces para intervenir antes de que la violencia desemboque en tragedia, incluso dentro de sus propios destacamentos policiales. Esto no es un hecho aislado, sino la manifestación más evidente de una violencia que se ha normalizado.

En el primer trimestre de 2026, la Policía Nacional mató a 51 personas. Todos esos casos fueron clasificados institucionalmente como "intercambios de disparos".

Sin embargo, investigaciones periodísticas rigurosas señalan que una cantidad significativa de esos episodios muestra indicios de ejecuciones extrajudiciales.

Un Estado democrático no puede combatir la violencia reproduciéndola. Cuando aquellos que tienen el mandato legal de proteger se convierten en parte del problema, el desafío trasciende lo criminal y se convierte en un asunto moral e institucional.

Frente a esa realidad, el Gobierno habla de modernidad, de reformas, de planes y de proyectos. Pero nosotros preguntamos: ¿de qué modernidad y de qué reformas estamos hablando? La fiebre no está en las sábanas.

Debido a la falta de resultados por parte de las autoridades y al incremento de la violencia y los ajusticiamientos extrajudiciales, desde el Partido de la Liberación Dominicana solicitamos al Gobierno:

Publicar datos verificables y con una metodología transparente. El Gobierno debe sincerar las cifras de violencia, publicar series estadísticas completas con fuentes accesibles y permitir la auditoría independiente de los indicadores de seguridad. La discrepancia entre la tasa que presenta el Gobierno y la que registra la Procuraduría exige una respuesta oficial clara e inmediata.

Priorizar la prevención sobre la represión. Si el 59% de las muertes violentas provienen de conflictos sociales, el Estado necesita implementar intervención comunitaria, mediación institucional y políticas de cohesión social. La prevención debe ser el eje central de la política de seguridad, no un complemento. Investigar con rigor los casos de violencia policial. Los 51 fallecidos en "intercambios de disparos" durante el primer trimestre de 2026 deben ser investigados de forma independiente, respetando los derechos humanos y garantizando la transparencia en el proceso.