Aplazan para el lunes el conocimiento de las medidas de coerción contra motoristas acusados de matar chofer de camión compactador en Santiago

 SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA.- La Oficina Judicial de Atención Permanente de este distrito judicial, aplazó para el lunes el conocimiento de las medidas de coerción contra los motoristas acusados de matar a un chofer de un camión recolector de desechos sólidos, luego de una persecución.

El tribunal dispuso que las medidas sean conocidas ese lunes a partir de las nueve de la mañana para que todas las partes sean debidamente notificadas y que algunos abogados que se integraron a la defensa de los motoristas puedan conocer el expediente de pedido de medidas de coerción.

El Ministerio Público otorgó una calificación jurídica provisional a los hechos vinculados a la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, señalando que los imputados habrían actuado en asociación criminal y con una intención clara de provocar el desenlace fatal.

De acuerdo con el expediente, los acusados —Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfrny Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz— habrían participado de manera conjunta en una acción coordinada, descrita por el órgano acusador como una “manada criminal”, con el objetivo de darle muerte a la víctima.

El Ministerio Público sostiene que la actuación de los imputados no fue aislada, sino producto de un concierto de voluntades que se mantuvo desde el inicio de la persecución hasta el desenlace fatal. En ese sentido, indica que la intención homicida quedó evidenciada tanto en las acciones de acorralamiento como en expresiones verbales atribuidas a los implicados durante el hecho.

La calificación jurídica provisional de los hechos está sustentada en los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican la asociación de malhechores y el homicidio agravado.

Con base en esta tipificación, el órgano persecutor considera que existen elementos suficientes para vincular penalmente a los imputados en un esquema de actuación conjunta, lo que será evaluado por el tribunal al momento de conocer la solicitud de medida de coerción.