Urge renovar el contrato social

La semana pasada publiqué el artículo “¡Cuidado con los pequeños detalles!”, en el que advertí sobre el riesgo de que la sociedad se acostumbre a reírse de la mentira, a educar en ella y a consumir la indiferencia como un producto más.

La receptividad fue notable: profesionales del área judicial, comunicadores, empresarios, psicólogos, profesores, estudiantes y otros ciudadanos que apuestan a la convivencia pacífica y a la vida en libertad, pero con valores, se solidarizaron con esas preocupaciones.

Esa respuesta confirma que existe una sensibilidad latente, aunque debilitada, frente a la erosión ética que vive el mundo y de la que República Dominicana no está al margen.

Existe la necesidad de recuperar la verdad como valor colectivo y devolver a la infancia la capacidad de sentir y preocuparse por el otro o de lo contrario, seguirán debilitándose los cimientos de la convivencia.

No es un asunto menor: basta observar cómo la publicidad puede transmitir mensajes corrosivos. Una campaña reciente muestra a dos hermanitos que expresan paz, serenidad y hasta alegría al saber que, cuando sus padres mueran, ellos estarán “cubiertos económicamente”, porque están asegurados con una póliza.

Ese mensaje, disfrazado de tranquilidad, erosiona el valor de la familia, la vida y el apego a los padres.

En paralelo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, dictaba una conferencia, organizada por el Ministerio de Educación (MINERD), sobre prevención de la corrupción, en la que subrayó la importancia de fortalecer los valores desde el sistema educativo para formar seres humanos respetuosos de la dignidad, con sentido crítico y comprometidos con el contrato social.

Nada más oportuno. La magistrada habló del contrato social, ese pacto invisible que sostiene la convivencia, y que se encuentra en una profunda crisis en la República Dominicana.

Se refleja en instituciones que fallan, en la violencia que se normaliza y en la vulnerabilidad en la que se encuentran importantes grupos poblacionales.

Cuando las instituciones dejan de ser garantes del bien común y se convierten en instrumentos de privilegio, el ciudadano se siente desprotegido, el cumplimiento a la ley pierde legitimidad y la violencia social se constituye en un signo alarmante.

En 2025, por ejemplo, de acuerdo al Observatorio del Ministerio de la Mujer, hubo 59 mujeres muertas, entre 15 y 18 años de edad, que dejaron unos 93 niños, niñas y adolescentes, huérfanos.

El número de víctimas registró una reducción de más de un 30% respecto a 2024, cuando se produjeron más de 70, pero, aun así, es una cantidad devastadora.

En los primeros tres meses del presente 2026, de acuerdo a la Fundación Vida Sin Violencia, esos crímenes han aumentado en más de un 200% y en las formas más desastrosas que alguien pueda suponer.

 Los desmanes delincuenciales y hasta criminales; así como la indiferencia ante la pobreza extrema completan el cuadro de una sociedad que ha perdido mucha sensibilidad. La convivencia pacífica no puede sostenerse cuando la vida humana se percibe como desechable.

De ahí que expertos hablen de una “psicopatía social” al analizar el fenómeno de la normalización del odio, la indiferencia y el “ná e ná”, como expresión de un vacío existencial.

Frente a todas las tristes realidades del día a día en el país, el punto de inflexión conduce a renovar el contrato social como un compromiso humano, más allá de las reformas legales o de los discursos institucionales.

El contrato social dominicano no puede seguir siendo un pacto de obediencia vacía, sino que debe manifestarse en la solidaridad cotidiana, en cómo se trata al vecino, al transeúnte, a los semejantes, en sentido general.

Debe ser un compromiso que obligue a rescatar la verdad, la sensibilidad y la solidaridad como pilares de la convivencia, porque, no basta con la indignación. Los tiempos demandan, urgente, la acción para una verdadera transformación.

@patriciarache