Madre de niña obligada a comer sus vómitos pidió que profesora no fuese enviada a prisión; Yamelsy Matos deberá cumplir tres meses de coerción en cárcel Najayo

República Dominicana.-La decisión judicial que impuso tres meses de prisión preventiva contra la profesora Yamelsy Matos Beltré, acusada de agredir a una menor en el centro preescolar Mi Segundo Hogar, ha generado rechazo tanto en la defensa de la imputada como en los abogados de la madre de la niña, quienes aseguran que la medida es desproporcionada.

El tribunal ordenó que Matos Beltré cumpla la medida en el centro penitenciario Najayo Mujeres mientras avanza el proceso judicial. Sin embargo, su abogado, Billy Gerónimo, calificó la decisión como irracional y adelantó que será apelada.

Según explicó, el certificado médico solo establece que la menor presenta una abrasión en la nariz y, a su juicio, el Ministerio Público no pudo demostrar que la lesión fuera provocada por la docente.

Gerónimo afirmó además que su clienta se presentó voluntariamente ante las autoridades cuando fue requerida, por lo que entiende que no existía riesgo de fuga que justificara una medida tan severa.

De su lado, el abogado de la madre de la menor, Erigne Segura, también expresó inconformidad con la decisión del tribunal y señaló que la propia madre no estaba de acuerdo con que la profesora fuera enviada a prisión.

Segura indicó que durante la audiencia solicitaron medidas menos gravosas, como presentación periódica, impedimento de salida del país y garantía económica, al considerar que la prisión preventiva resultaba excesiva.

El jurista agregó que, según el certificado médico legal, la menor no presenta lesiones graves y que el comportamiento de la niña es adecuado para su edad, por lo que entiende que la situación no ameritaba una medida tan drástica.

Mientras tanto, el procurador fiscal a cargo del caso, Tito Oseas González, defendió la actuación del Ministerio Público y aseguró que continuarán con el proceso judicial independientemente de la posición asumida por la madre de la menor.

El representante del Ministerio Público sostuvo que se trata de un caso grave al involucrar a una menor en condición de vulnerabilidad y explicó que para solicitar medidas de coerción basta con la existencia de indicios.

González afirmó que el expediente incluye testimonios, informes psicológicos y certificados médicos que, según dijo, evidencian agresiones contra la niña, por lo que el caso será llevado “hasta las últimas consecuencias”.

El proceso continuará en las próximas etapas judiciales, mientras la defensa de la imputada prepara la apelación de la medida impuesta por el tribunal.