Ausencia de abogados obliga a posponer juicio contra implicados en red de estafa piramidal desarticulada mediante operación Gaviota

República Dominicana-El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó el juicio en contra de los involucrados en una supuesta red de estafa piramidal desarticula a través de la operación Gaviota y que, de acuerdo al Ministerio Público se robó más de 4 mil 239 millones pesos y 11.6 millones de dólares, afectando a 332 víctimas.

La audiencia de este miércoles fue aplazada para el martes 17, debido a que dos de los abogados de los involucrados en la alegada estructura mafiosa, no comparecieron porque se encuentran fuera del país.

El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por Keyla Pérez e integrado por Arisleyda Méndez y Elías Santini, quien emitió un voto disidente, intimó a las defensas que se ausentaron y le dio un plazo de 24 horas para confirmar si seguirán o no representando a sus clientes o de lo contrario, se les asignará un defensor público.

En tanto que los abogados de las partes querellantes acusaron a los imputados de intentar retrasar el proceso para lograr la extinción de la acción penal.

En ese sentido, los afectados advirtieron que no descansarán hasta lograr que se haga justicia y se les devuelva el dinero robado.

En su acusación el Ministerio Público establece que, durante los años 2020-2024 la estructura criminal operó un esquema piramidal denominado Investor Winner, que captó y movilizó sumas millonarias de dinero, ofreciendo rendimientos mensuales de entre 10% y 30%.

Las investigaciones indican que, los alegados cabecillas Rafael Martínez Batista y su cónyuge Eridania García Veloz de Martínez, junto a los demás acusados, captaban a las víctimas mediante la empresa Investor Winner IW S.R.L. y el entramado de sociedades y cooperativas ficticias.

El Ministerio Público detalla que el supuesto grupo criminal utilizó redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para promocionar falsas oportunidades de inversión, además de que falsificó estados financieros y constituyó empresas de fachada, logrando atraer a cientos de personas.

Para ocultar rastros y obstaculizar la investigación, los imputados cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose desde Higüey hacia Dajabón o Azua; algunos, incluso, salieron del país.

Además, están siendo acusados, Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez.

También O´neill Alberto Nivar Romero, William Félix Esquea D´Oleo, Roberto Evangelista Concepción, Rafael Martínez Colón, Lucía Martínez Colón, Rosangela Amador Núñez, Greer Antoni Carpio Paché, Anderson García Veloz, Emmanuel Nazaire, Isandry Alberto Rosario Victoriano y Daniel Cadet Gabriel, así como Manuel Arturo de la Cruz Pache y Claribel Martínez Vicente.

Está previsto que en la próxima audiencia el órgano acusador inicie con la presentación de sus testigos.

El Ministerio Público incorporó en su acusación formal más de 650 pruebas, incluyendo un total de 376 pruebas testimoniales, 19 peritajes financieros y de informática forense, así como 254 documentales y 29 materiales en contra de los integrantes de la red.