Defensor del Pueblo pide revisar permisos y supervisión de guarderías tras caso de maltrato infantil en SDE

SANTO DOMINGO.- El Defensor del Pueblo de la República Dominicana, encabezado por Pablo Ulloa, condenó el caso de maltrato infantil ocurrido en una guardería del municipio Santo Domingo Este, y llamó a reforzar los mecanismos de autorización y supervisión de estos centros educativos para evitar situaciones similares.

Las declaraciones de Ulloa se produjeron luego de que el Ministerio Público de la República Dominicana solicitara tres meses de prisión preventiva contra la profesora Yamelsy Matos Beltré, acusada de obligar a una niña de dos años a ingerir su propio vómito en el centro infantil “Mi Segundo Hogar”, hecho que quedó registrado en un video difundido ampliamente en redes sociales.

El defensor del pueblo rechazó cualquier tipo de agresión contra menores y advirtió que el caso evidencia debilidades en los procesos de autorización y fiscalización de las guarderías y centros de cuidado infantil.

Ulloa sostuvo que el Ministerio de Educación de la República Dominicana debe revisar los procedimientos para otorgar permisos a este tipo de establecimientos y reforzar la supervisión permanente de los mismos, con la participación de otras instituciones del Estado.

Indicó que no basta con conceder una licencia de operación, sino que también se requiere un sistema de monitoreo continuo que garantice la seguridad y el trato adecuado a los niños.

El funcionario explicó que, en este caso particular, el hecho se conoció gracias a un vecino y a las cámaras de seguridad, lo que —a su juicio— evidencia que los protocolos internos del centro no eran suficientes para prevenir o detectar situaciones de maltrato.

Asimismo, exhortó a las autoridades a fortalecer la fiscalización de estos establecimientos a través de los distritos escolares y regionales educativas, con el apoyo de entidades como el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia y organismos de salud pública.

Ulloa también consideró que el proceso judicial debe servir como una advertencia para los propietarios y supervisores de estos centros, quienes —según afirmó— deben asumir una corresponsabilidad en la protección de los menores bajo su cuidado.

En otro orden, el defensor del pueblo cuestionó el accionar de agentes de la Policía Nacional de la República Dominicana durante la cobertura del caso, al considerar que el uso de la fuerza contra reporteros presentes fue desproporcionado, por lo que reiteró la necesidad de continuar fortaleciendo la profesionalización de los cuerpos de seguridad.

El caso ha generado indignación pública y reavivado el debate sobre la supervisión de centros de atención infantil en el país, mientras las autoridades avanzan en el proceso judicial contra la docente imputada.