Desde hoy Haití vuelve a quedar en un vacío político e institucional; no una fórmula clara para asegurar la continuidad gubernamental

REDACCION INTERNACIONAL (AGENCIAS).- Desde hoy sábado 7 de febrero, Haití entra nuevamente en un vacío político e institucional tras el vencimiento del mandato del Transitional Presidential Council (CPT), el órgano colegiado que actuó como jefe de Estado interino desde abril de 2024 y cuya autoridad expiró sin que haya una fórmula clara para asegurar la continuidad gubernamental.

La crisis que persiste en Haití está marcada por una profunda incertidumbre política, violencia extendida, colapso de instituciones estatales y un contexto humanitario crítico, mientras se acerca el plazo electoral previsto para agosto de 2026 y el país carece de mecanismos sólidos de transición hacia autoridades electas.

El CPT fue creado en abril de 2024 tras años de crisis política desencadenados por el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, que dejó a Haití sin un presidente electo y sumido en una grave crisis de gobernabilidad. Su mandato incluía funciones de jefe de Estado hasta que se instalara un gobierno electo o hasta el 7 de febrero de 2026, fecha que ha llegado sin una salida institucional consensuada.

Durante sus 22 meses de existencia, el CPT enfrentó profundas fricciones internas, incluyendo un intento de destituir al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé y sustituirlo por un jefe de gobierno interino, algo que generó tensiones con actores internacionales como Estados Unidos.

A medida que se agotaba el plazo, varios sectores políticos propusieron fórmulas para evitar una crisis mayor, entre ellas la creación de un “ejecutivo dual” o mandato compartido que combine la autoridad del CPT con la del Tribunal de Casación y representantes de la sociedad civil, en un intento de construir acuerdos que brinden legitimidad a un nuevo esquema institucional.

Sin embargo, estas iniciativas no han logrado consolidarse de manera plena ni obtener consenso suficiente entre los principales actores, lo que deja al país en una situación de incierta transición. Además, la falta de avance en la organización de elecciones, originalmente previstas para agosto de 2026, aumenta las dudas sobre la capacidad de Haití para superar décadas de crisis.

El contexto de inseguridad agrava el vacío de poder. Grupos armados han expandido su control territorial, dominando gran parte de Puerto Príncipe y otras regiones del país, y su violencia ha sido letal para la población civil. Datos de organismos internacionales revelan que entre enero y noviembre de 2025 se cometieron más de 8,100 asesinatos, una cifra que expertos consideran subestimada debido al difícil acceso a zonas controladas por bandas armadas.

En respuesta a la creciente violencia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prorrogó recientemente la misión política de la ONU en Haití (BINUH) por un año más, con el objetivo de apoyar el proceso político, defender los derechos humanos y coordinar esfuerzos con autoridades locales, aunque carece de un componente militar propio que pueda enfrentar directamente la violencia de bandas armadas.

Además, se han aprobado iniciativas para crear una Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) compuesta por más de 5,500 efectivos con mandato para apoyar a la Policía Nacional de Haití en su lucha contra los grupos armados, aunque la implementación enfrenta desafíos logísticos y políticos.

La comunidad internacional ha intensificado su papel en la crisis haitiana. Estados Unidos ha manifestado su respaldo al primer ministro Fils-Aimé, al mismo tiempo que ha advertido contra acciones que puedan desestabilizar aún más el proceso de transición o socavar los esfuerzos por restablecer seguridad básica.

El Departamento de Estado también tomó la inusual medida de revocar visados a dos miembros del CPT y sus familiares por supuestos vínculos con pandillas y organizaciones criminales, lo que añade tensión a un panorama político ya fragilizado.

Mientras tanto, desde Estados Unidos se mantiene activa la Operación Lanza del Sur, con la presencia naval, incluyendo unidades como el USS Stockdale, USCGC Stone y USCGC Diligence, con la finalidad de mejorar la seguridad marítima y apoyar esfuerzos regionales frente a los desafíos en Haití.

Con la expiración del mandato del Consejo Presidencial de Transición sin una nueva autoridad legítima designada, Haití enfrenta de nuevo un vacío de poder formal, lo que podría agravar las condiciones de violencia, deterioro de servicios públicos, desplazamientos forzados y falta de liderazgo político.

Expertos advierten que sin mecanismos institucionales claros, la transición hacia unas elecciones libres en 2026, la primera desde 2016, enfrenta obstáculos importantes, dada la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad, legitimidad y participación ciudadana.