Defensa de Donald Guerrero solicita excluir informes de la Unidad Antifraude en audiencia de Operación Calamar

SANTO DOMINGO.- Durante la continuación de la audiencia preliminar del caso Operación Calamar, la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, solicitó al tribunal la exclusión total de los informes elaborados por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, al alegar que fueron realizados al margen de la ley y en violación del artículo 69 de la Constitución.

Los abogados del exfuncionario pidieron también la exclusión de los 559 anexos que acompañan dichos informes, al sostener que estos documentos fueron producidos sin permitir la participación ni el derecho de defensa de las personas investigadas, lo que consideran una violación al debido proceso.

El abogado Eduardo Núñez afirmó que los reportes no responden a un ejercicio técnico ni imparcial, sino a un intento deliberado de construir una narrativa para justificar acciones judiciales y administrativas.

Según explicó la defensa, entre los años 2021 y 2024 se elaboraron auditorías relacionadas con procesos de expropiación del Ministerio de Hacienda atribuidas a una Unidad Antifraude que, aseguran, no tenía existencia legal en ese período. Recordaron que dicha dependencia fue creada formalmente mediante el Decreto 382-25, emitido el 14 de julio de 2025.

En ese sentido, Núñez sostuvo que la creación de esta unidad mediante decreto también sería inconstitucional, al entender que otorga facultades que afectan derechos fundamentales, competencias que, según argumentó, corresponden al Poder Legislativo.

Durante la audiencia, la defensa calificó como inconstitucional la auditoría que sustenta la acusación y abordó además el pago de los 21 mil millones de pesos que forman parte del expediente. Los representantes legales insistieron en que esas transacciones corresponden a obligaciones legales acumuladas del Estado, incluyendo pagos por expropiaciones ordenadas mediante sentencias judiciales y operaciones interinstitucionales destinadas a reducir deuda pública.

Los abogados descartaron que el exministro haya incurrido en actos de corrupción administrativa y aseguraron que las operaciones financieras señaladas fueron documentadas en la contabilidad pública del Estado.

En el proceso, el imputado Ángel Lockward también solicitó la extinción del expediente acusatorio, alegando que el caso cumple cuatro años de vigencia, lo que, según su defensa, afecta los plazos procesales establecidos.

A juicio del equipo legal de Guerrero, los informes cuestionados han sido utilizados durante más de cuatro años para sustentar decisiones administrativas y judiciales, pese a que, aseguran, el órgano que los produjo carecía de base jurídica.

La audiencia preliminar del caso Operación Calamar continúa con la presentación de incidentes y argumentos de las partes, mientras el tribunal evalúa las solicitudes planteadas por las defensas.