Muerte de menor a manos de su hermana mayor en SFM pudo haberse evitado si el Estado hubiera intervenido, asegura abogada penalista

SANTO DOMINGO.- La muerte de una menor a manos de su hermana mayor en San Francisco de Macorís, por un conflicto conyugal, pudo haberse evitado si hubiese intervenido el Estado, aseguró este viernes la abogada penalista Anny Guzmán.

“La hermana en ese caso también como mayor de edad intenta actuar por su cuenta, y no es una justificación, lo que haya hecho, lo que haya provocado la tragedia, sino es que se genera una crisis en donde el Estado pudo haber intervenido, debió haber intervenido, pero no lo hizo”, se quejó la especialista en derecho penal al ser entrevistada por Belkys Castillo y Robinson Gálvez  en el programa Diálogo Urgente, por EN TELEVISION.

Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, es acusada del homicidio de su hermana menor, Anelsy Ceballos de Jesús, en un hecho ocurrido la noche del miércoles en el sector Taína, del municipio San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte, en medio de un incidente con el concubino de la menor.

Manifestó que los padres de la menor fallecida de cuatro disparos tenían la obligación de protegerla, ya que no era mayor de edad, que violan el Código Penal y la ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, al permitir que la niña de trece años estuviera en concubinato con una persona mayor de edad, en este caso de veinte años.

“Y mucho menos de convivencia conyugal consentida. Eso se llama violación sexual, agresión sexual. Entonces tiene el consentimiento implícito de la madre, ó del padre si está con vida, que la reconoció, tiene el consentimiento de las personas que están llamadas a tutelar que ese abuso no se perpetúe”, precisó.

Manifestó que la niña estaba creciendo y conviviendo con un violador sexual y que además la maltrataba.

Guzmán recordó que todos los adultos que tienen hijos menores están obligados a darle protección, asi como son obligados a cumplir con la manutención de los infantes, ó de lo contrario se enfrentan a consecuenciales penales, que conllevan prisión.

“Cuando le decimos a un alimentante: usted tiene la obligación de proveer alimentos, vivienda, escolaridad, si usted no lo hace usted va a tener una sanción de dos años”, recordó.