“Eso no sería justicia: mandar a Santiago Hazim para Najayo y a los empresarios que defraudaron al Estado, con miles de millones de pesos, para sus casas”, dice Carlos Gabriel García

 Santo Domingo.– El consultor político y diplomático Carlos Gabriel García cuestionó, a través de su cuenta en la red social X, lo que calificó como una aplicación desigual de la justicia en el caso de presunta corrupción que involucra al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), al considerar incoherente que se solicite prisión preventiva contra el exdirector Santiago Hazim mientras empresarios señalados de defraudar al Estado con miles de millones de pesos enfrenten medidas menos severas.

“Eso no sería justicia: mandar a Santiago Hazim para Najayo y a los empresarios que defraudaron al Estado, con miles de millones de pesos, para sus casas”, escribió.

El pronunciamiento del consultor se produce luego de que el Ministerio Público desistiera del pedido de prisión preventiva para los principales empresarios imputados, tras su colaboración y admisión de participación en el presunto entramado de corrupción.

La Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) solicitó al juez Rigoberto Sena, del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, la imposición de arresto domiciliario, impedimento de salida y garantía económica contra Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Pineda Perdomo.

Durante la audiencia, las defensas de los empresarios alegaron que estos fueron víctimas de extorsión, asegurando que debían entregar entre un 25 % y un 30 % de los servicios facturados al SeNaSa.

La abogada Ingrid Hidalgo afirmó que su representada, Cinty Acosta, cumplió con los contratos suscritos y que existen pruebas que sustentan su versión, negando la existencia de acuerdos con el Ministerio Público y asegurando que simplemente expusieron los hechos ante el tribunal.

El expediente acusa a los imputados de provocar una afectación aproximada de 16 mil millones de pesos a las reservas técnicas del Seguro Nacional de Salud, e incluye además a varios exfuncionarios y particulares, entre ellos Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Rafael Luis Martínez Hazim, fundador del Centro de Telemedicina MyCare.

En tanto, el abogado Miguel Valerio, defensor del exdirector Santiago Hazim, reiteró que su cliente ha negado categóricamente los señalamientos y sostuvo que ninguno de los testigos que se presentaron como víctimas de extorsión lo identificó como receptor de pagos indebidos.

El jurista afirmó que Hazim ha sido objeto de un “vilipendio público” y pidió una investigación exhaustiva y objetiva, tras revelar que su defendido se mostró visiblemente afectado durante la audiencia de medida de coerción.