Senador somete anteproyecto que regula adquisición de inmuebles por extranjeros en zonas fronterizas

Santo Domingo.- El senador por la provincia de Hato Mayor, Cristóbal Castillo, presentó un anteproyecto de ley cuyo objetivo es regular, supervisar y controlar la adquisición, posesión, uso y transferencia de propiedades inmobiliarias ubicadas en la zona fronteriza por parte de ciudadanos, empresas o entidades extranjeras.

La iniciativa de ley consta de 16 artículos y establece en su artículo 6 que queda prohibida la adquisición de inmuebles por extranjeros en zonas estratégicas para la defensa nacional, así como en terrenos militares o institucionales, en áreas protegidas o de conservación, y en sectores donde existan infraestructuras críticas.

El anteproyecto del legislador oficialista también establece que el uso del inmueble "deberá coincidir estrictamente con los fines autorizados, que pueden ser: a) desarrollo agropecuario, b) proyectos turísticos regulados, c) proyectos industriales o comerciales aprobados, o d) vivienda personal o familiar".

También crea el Registro Nacional de Inversiones Fronterizas, bajo la autoridad del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y Policía, y la Dirección General de Bienes Nacionales. Uno de sus artículos contempla que el Estado dominicano podrá realizar inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento del uso autorizado del inmueble, especialmente en lo que respecta a las transferencias.

La propuesta legislativa también establece que toda transferencia, venta, cesión o arrendamiento deberá contar con la autorización previa del Estado, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

De igual manera, se establece que todos los actos de adquisición realizados sin la autorización correspondiente serán anulables mediante un proceso administrativo o judicial en el cual se garantice el debido proceso.

Recuperación Estatal del Inmueble:

Castillo plasmó en su proyecto que el Estado podrá recuperar inmueble adquirido o utilizado en violación a la presente ley mediante un proceso administrativo y judicial garantista, en el cual se respete plenamente el debido proceso, la defensa del interesado y la motivación de la decisión.