Y el autor intelectual? Comunicador Juan Taveras Hernández dice es insólito que nadie sea procesado por expediente fabricado a Affe Gutíerrez, por un crimen que nunca cometió

SANTO DOMINGO.-El comunicador Juan Taveras Hernandez, mejor conocido como Juan TH, declaró que es insólito que el esposo de Sarah Pepén haya sido condenado a treinta años de prisión por un crimen que no cometió y no haya nadie procesado por fabricarle el expediente.

Pese a que las autoridades judiciales demostraron que el esposo de la comunicadora Sarah Pepén fue condenado por un crimen que no cometió y la Suprema Corte de Justicia lo absolvió, las autoridades intelectuales de la trama siguen durmiendo sin preocupación.

Esa situación jurídica ilegal ha llamado la atención del comunicador Juan Taveras Hernández.

“Dos años después de Affe estar en la cárcel se comprobó que no cometió esos hechos. Cuando mataron el niño, Affe estaba preso, y que incluso estando preso intentaron asesinarlo”, sostuvo TH en su programa televisivo de un canal hermano.

El adolescente Webster Solís fue asesinado en Santo Domingo Este, cerca del Hipódromo Quinto Centenario, crimen por el cual fue  imputado Affe Gutiérrez, condenado dos veces por el mismo hecho, y dos veces puesto en libertad por inocente.

El veterano comunicador dijo que los dominicanos no deben pagar con sus impuestos esa indemnización, sino que debe ser cobrada a quienes participaron en los hechos contra Affe Gutiérrez, entre ellos procuradores, fiscales, generales, jueces y coroneles.

Cuando ocurrieron los hechos, las autoridades judiciales, determinaron que tanto Affe Gutiérrez como su padre estaban presos en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional.

Juan Taveras Hernandez asegura que el caso de Affe Gutierrez no es el único.

La Suprema Corte de Justicia, presidida confirmó una sentencia histórica que obliga al Estado dominicano a indemnizar con más de diez millones de pesos a Affe Gutiérrez Gil, víctima de una prolongada prisión preventiva sin fundamento legal.

La decisión rechazó el recurso de casación presentado por la Procuraduría General de la República y valida por completo el fallo previo del Tribunal Superior Administrativo. Este caso marca la mayor compensación económica en la historia judicial del país por una detención arbitraria.