Organizaciones medioambientalistas advierten que nuevos proyectos mineros pondrían al país al borde de una “catástrofe ambiental”

Santo Domingo, R.D. — Diversas organizaciones sociales y ambientales alertaron este sábado que los nuevos proyectos de explotación minera en República Dominicana podrían colocar al país “al borde de una catástrofe ambiental” si no se detienen a tiempo los permisos y expansiones en curso.

El pronunciamiento surgió durante la Sexta Asamblea Nacional del Espacio Nacional por la Transparencia de la Industria Extractiva, donde los participantes denunciaron lo que calificaron como un avance acelerado de la minería en zonas ecológicamente sensibles.

Durante el encuentro, representantes del movimiento reiteraron su rechazo a los planes mineros en territorios como San Juan, la Cordillera Central. También en zonas cercanas a fuentes hídricas, argumentando que estos proyectos representan una amenaza directa para los recursos naturales, la calidad del agua y la salud de las comunidades.

“Una sola onza de oro puede generar hasta 3,000 kilos de desechos. Las minas no son riqueza, son fábricas de tóxicos y contaminación”, expresó Fernando Peña, vocero del movimiento y coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD.

Peña advirtió que la posible construcción de una segunda presa de cola, junto con operaciones mineras activas y en planificación, incrementa el riesgo de derrames y contaminación de ríos. También de deforestación masiva.

Los participantes señalaron que las comunidades que históricamente han convivido con proyectos extractivos no han recibido beneficios directos en servicios básicos como agua potable, carreteras, salud. También en vivienda o acceso a empleos de calidad.

Aseguraron que, pese al potencial hídrico de estas zonas, muchas familias viven con restricciones severas debido a la contaminación o reducción del caudal de los ríos.

En la actividad también participaron representantes de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). Los mismos insistieron en la necesidad de procesos más abiertos y participativos antes de autorizar operaciones en territorios comunitarios.

Destacaron que la sociedad debe tener acceso a la información ambiental, financiera. También legal de cada proyecto, con datos claros antes, durante y después de su desarrollo.

Como parte de su plan de acción, el Espacio Nacional por la Transparencia anunció dos iniciativas inmediatas:

• Un levantamiento nacional sobre la industria extractiva no metálica
• Un programa de veeduría independiente para fiscalizar el cumplimiento de normas ambientales y legales

Las organizaciones concluyeron la asamblea reiterando que la defensa del medio ambiente, los recursos naturales y la salud de las comunidades debe prevalecer sobre cualquier proyecto de explotación industrial.