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SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó a un tribunal de Santo Domingo Oeste que dicte auto de apertura a juicio en contra de los acusados de formar parte de la red que cometió un fraude por unos RD$2,500 millones a través de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), la cual fue desmantelada con la Operación Búho.

Con el fraude, la estructura criminal afectó a 366 víctimas, señala el órgano acusador en el expediente.

Por el caso fueron acusados Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra, Julio César Minaya Mejía, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez y Simona Borsilea Juan, así como Emanuel Pozo Borsilea, Cristóbal Mariano, Juan Julián Bryan Richardson y Carina Elizabet García de la Rosa.

Además, fue acusado Pedro Eligio Bonilla, quien fue declarado en rebeldía.

También, las empresas Inmobiliaria Villa Pastoral 21 S.R.L, ByT Diseños y Construcciones S.R.L., Conspebo RD S.R.L, Comercial Gabriel Santana S.R.L., Gabriel Santana Auto Import S.R.L., GSB Music Studio y Productions S.R.L y GBS Baseball Academy S.R.L.

Los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), e Yrcania Ibelice Casado Pimentel, de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, representaron al Ministerio Público en la audiencia preliminar este viernes, donde el juez Joan Rodríguez, del Sexto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Oeste, fijó para el próximo 21 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, la audiencia para dar a conocer el fallo.

El Ministerio Público solicitó que sea admitida de manera total la acusación con cientos de medios de pruebas materiales, periciales, testimoniales y documentales, incluyendo informes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección Nacional de Registro de Títulos, y que en consecuencia se dicte auto de apertura a juicio.

Igualmente, solicita el decomiso en favor y provecho de las víctimas de pruebas materiales aportadas junto con la acusación, incluyendo bienes muebles e inmuebles incautados, dinero ocupado en efectivo y cheques, cuentas bancarias, certificados financieros, bienes identificados no secuestrados, pero señalados en la acusación como producto de hechos delictivos, así como también de los intereses y beneficios generados producto de la administración de los bienes incautados y de los productos financieros inmovilizados.

El órgano persecutor puso en marcha el 4 de octubre de 2023 la Operación Búho, producto de una investigación de varios meses, que llevó al arresto de los directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) implicados en el fraude.

La operación movilizó a más de 20 fiscales, alrededor de 100 policías y una docena de agentes de equipos especiales. El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varias personas presentaron denuncias contra los ejecutivos de Coop-Herrera.

Durante la operación, el Ministerio Público ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas, en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal.

Los procesados simulaban préstamos, emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras manifestaciones criminales, todas con el objetivo de distraer el dinero de los asociados y los ahorrantes.

La Operación Búho es el resultado de un trabajo conjunto de investigación realizado durante meses por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.