Ataques injustos a la propuesta de Omar

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) Ha respaldado la idea del salario digno, como esencial para el desarrollo económico, la justicia social, la reducción de la pobreza y la desigualdad, bajo la tónica de que el salario es el instrumento más expedito para crear equidad social y económica.

El economista y premio Nobel Milton Friedman acuñó la frase «la inflación es el impuesto más cruel», porque la inflación afecta negativamente a los más pobres, ya que erosiona el valor del dinero que tienen ahorrado o en efectivo.

Por lo tanto, tal y como aseveran los economistas que se especializan en politicas de desarrollo, progreso e inclusion social, la inflación es el impuesto mas perverso porque aumenta la brecha entre ricos y pobres.

En consecuencia, los gobiernos están compelidos a aplicar políticas públicas que mantengan el valor real de salario y que basado en la productividad laboral aumente el sueldo y la capacidad de compra del trabajador.

En el 2021 el crecimiento económico fue de 4.7%, en el 2022 crecimos un 4.9%, el 2023 apenas 2.4%, en el 2024 rebotamos con 5%, en el periodo enero-septiembre de este 2025 apenas hemos crecido 2.2%, para un acumulado de 19.2% y un promedio anual de 3.84%.

Las tasas de inflación para República Dominicana fueron en 2020 de 3.8%, 2021 de 8.2%, 2022 de 8.8%, 2023 un 4.8%, 2024 fue de 3.4% y enero-septiembre del 2025 alcanzo 3.76%, para un acumulado de 32.76% y un promedio 5.46% .

Notarán que el crecimiento promedio es de apenas 3.84%(un 1.16% menor al potencial histórico de 5%), por debajo del promedio de la inflacion anual (5.46%), un indicativo irrefutable de que la situación económica del dominicano ha desmejorado.

En tanto, el costo promedio de la canasta familiar en diciembre de 2020 era de RD$36,936.17, y ya para abril de este 2025 ascendió a 46,728.50.

Esta claro que la merma del crecimiento economico, la inflación acumulada y el aumento vertiginoso de la canasta familiar a precarizado el salario del dominicano promedio y que el gobierno debe hacer algo para aliviar la carga economica al trabajador dominicanao.

Por eso es loable el proyecto de resolución que busca que se cumpla la ley tributaria respecto a la indexación salarial hasta los 52 mil pesos que propuso el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández.

El legislador explicó que la enmienda «exhorta al Poder Ejecutivo a hacer cumplir lo que manda la ley» que es lo que establece el Código tributario del país, en su artículo 327, que habla de indexar por inflación el salario de los trabajadores cada año».

Explicó que la medida busca impactar a más de 720 mil trabajadores del país.

Aunque plausible el proyecto de indexación, el gobierno ha satanizado la propuesta al indicar que la misma pone en peligro los recursos de educación, la salud y los subsidios sociales.

Una manipulación grosera, pues Omar Fernández en ningún momento lo sugirió.

En su artículo ¨El bolsillo vacío de una ley ignorada¨ publicado la semana pasada en el Listín Diario, explica que ¨El Ministerio de Economía reportó 707,714 hogares en pobreza en 2024, pero los beneficiarios de Aliméntate eran 1,386,852, casi el doble. Solo corrigiendo esa distorsión, el Estado podría ahorrar 13,400 millones de pesos al año. ¨¨

En palabras mas coloquiales les esta pidiendo dejar la politiquería y el dispendio y utilizar los recursos de manera productiva.

Los sofistas defensores del gobierno están siendo injustos, pero lo peor, se están contradiciendo de una manera penosa y hasta lastimosa.

Por ejemplo, la semana pasada en la LA Semanal El ministro de Hacienda, Magín J. Díaz, afirmó que el Gobierno dominicano está dispuesto a discutir la indexación de los umbrales del Impuesto sobre la Renta (ISR) y otros temas fiscales, pero advirtió que no se tomarán medidas que comprometan la estabilidad macroeconómica del país.

Sin embargo, en enero de este mismo año (antes de ser nombrado ministro de Hacienda y economía) sostuvo en un artículo titulado ¨La protección social en el laberinto político¨ que ¨Tenemos una maraña de instituciones y programas atomizados de protección social: Aprende, Avanza, Aliméntate, Bono Luz, Bono Gas, Micronutrientes, Bono Navideño, Bono Familia, Bono de Emergencia, Empléate o Emprende, Familia Feliz, Identifícate, Cuidados, Supérate, Mujer, Acompañamiento Sociofamiliar, Bono a Mil. La sensación es que hay más programas que objetivos¨.

El gasto público en “asistencia social”, es de aproximadamente 1% del PIB, una cuarta parte del presupuesto en educación, más de la mitad del gasto público en salud y aproximadamente la mitad del monto de inversión pública. Y esto sin contar el subsidio generalizado a los combustibles -la mitad del cual beneficia al 20% de más altos ingresos- ni el subsidio generalizado a la tarifa eléctrica, que también contribuyen a la “paz social”, un término triste porque implícitamente admite que el país es un polvorín que puede estallar si se quitan estas transferencias y subsidios.

Por tanto, el Gobierno debería ser más profesional en el manejo de los programas de “protección social” en vez de continuar alimentando la desconfianza de la población en la clase política, desconfianza que se ha llevado de encuentro tres intentos de reforma tributaria en este cuatrienio.

Esa es una aseveración más contundente y odiosa que los alegatos de Omar en su resolución y ni Yayo, ni Peña Guaba, ni Gloria Reyes, se han molestado con su Ministro de Hacienda y Economía.

En vez de montar una campañita sucia para tratar de descalificar al senador e intensar mancillar su imagen, el gobierno debe avocarse la resolver el tollo del gasto social para que haya recursos suficientes para educación, salud y los subsidios sociales, pero también para indexar los salarios hasta los 52 mil pesos tal y como establece la ley.

Y así haréis justicia social, pienso yo, pero a lo mejor hasta Magín esta equivocado.