Aumentan demandas contra la Cámara de Cuentas por alegadas irregularidades en informe de auditoría; abogados acusan al órgano fiscalizador de divulgar resolución no definitiva

República Dominicana.-Siguen acumulándose las acciones legales contra la Cámara de Cuentas por la publicación de un informe de auditoría que, según los demandantes, contiene graves irregularidades y vulnera derechos fundamentales. Varios abogados han calificado el documento de “barbaridad” y aseguran que fue difundido sin haber adquirido firmeza jurídica.

El abogado Braulio Castillo, representante de un grupo de propietarios de la familia Mota, denunció que el “informe” divulgado por la Cámara confunde conceptos básicos del derecho inmobiliario, como tratar un título de propiedad como si fuera una sentencia judicial.

Castillo recordó que los títulos se expiden una vez las sentencias son definitivas, y que la resolución AUD-2025-0043 —base del informe— no ha sido declarada como tal. En un acto de advertencia y puesta en mora notificado el 27 de octubre, exigió copia del documento y reclamó su retiro del portal institucional hasta tanto sea corregido.

En similares términos se pronunció el abogado Carlos Mesa, representante de la sociedad El Algodonal, quien también demandó la entrega del informe y su retiro temporal por las irregularidades que contiene. A su vez, el jurista Martín Mañón Lara, en nombre de propietarios de la parcela 613 del Distrito Catastral 32, donde se ubica el Aeropuerto de Las Américas, denunció que el informe “falta a la verdad”, pues los expedientes de sus clientes fueron depositados en tiempo y forma, y las transferencias no se han realizado por una “oposición administrativa ilegal” del Ministerio Público.

Los demandantes sostienen que la Cámara de Cuentas oficializó en septiembre de 2025 un informe elaborado en mayo de 2024 plagado de errores y omisiones, sin haberlo notificado a todos los afectados como exige la Constitución (artículo 138.2) y la Ley 107-13 sobre Procedimiento Administrativo. Argumentan que esas violaciones al debido proceso invalidan el documento y que, por tanto, “carece de valor legal y probatorio”.

Las acciones están dirigidas contra la presidenta del órgano, Dra. Enma Polanco Melo, y los miembros Francisco Tamárez Florentino, Francisco Alberto Franco Soto, Grisela Gómez Santana y Ramón Méndez Acosta, a quienes responsabilizan de los daños ocasionados. Los demandantes también advierten que, de no corregirse las irregularidades, procederán con demandas de responsabilidad patrimonial individual contra los miembros del pleno.