Familia imputada en Caso Calamar exige al Estado completar pago por terrenos del Aeropuerto Las Américas

SANTO DOMINGO.- La familia Reyes, vinculada al expediente del caso Calamar, denunció que el Ministerio Público se niega a completar el pago correspondiente a los terrenos donde se construyó el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez, pese a que existe una decisión judicial que ordena la entrega del dinero pendiente.

El reclamo fue realizado por José Luis Reyes, en representación de la familia, quien aseguró que se trata del 20 % restante de la indemnización, mientras que el 80 % ya fue pagado por el Estado. Según explicaron, la falta de cumplimiento viola una sentencia emitida a su favor.

“Las matrículas correspondientes a esos terrenos son legales cien por ciento. No es cierto que nosotros estafamos al Estado para cobrar esos terrenos”, expresó José Luis Reyes, quien insistió en que su familia es la que ahora se siente “estafada por el Ministerio Público”.

De su lado, el abogado Patricio Mañón Amador explicó que los terrenos fueron declarados de utilidad pública desde 1955 y que los Reyes poseen títulos que los acreditan como propietarios legítimos, así como una sentencia que respalda su reclamación.

“El Estado pagó el 80 % y falta el 20 % restante. Esos terrenos fueron declarados de utilidad pública desde 1955 y los títulos que acreditan la propiedad existen desde entonces”, sostuvo Mañón.

El jurista calificó de “incongruente” la posición del Ministerio Público, que ha vinculado a algunos miembros de la familia con exfuncionarios incluidos en el caso Calamar, entre ellos Donald Guerrero y Ángel Lockward.

“Las personas que ellos quieren vincular a irregularidades son Guerrero, Lockward y Marcial Reyes, pero de parte de la familia Reyes no hay ni una sola querella ni imputación penal”, afirmó Mañón.

Los representantes legales insisten en que el pago del 20 % faltante debe realizarse de inmediato y que las acusaciones del Ministerio Público no son válidas para detener un proceso amparado en una sentencia judicial.

La familia Reyes reitera que no participó en ningún acto irregular y que los pagos reclamados corresponden a una indemnización justa por la expropiación de sus terrenos hace más de medio siglo.