SANTO DOMINGO.- Decenas de residentes y comunitarios en La Pared, en el municipio Bajos de Haina, protestaron este miércoles frente al Instituto Agrario Dominicano (IAD) para exigir la entrega de sus títulos de propiedad y denunciar lo que califican como un “intento fraudulento de despojo” de más de 1.5 millones de metros cuadrados de terrenos.
Los manifestantes responsabilizan al exgeneral Héctor Leonardo Rojas Canaán de alegadas maniobras para apropiarse de las parcelas 194-B y 194-C del Distrito Catastral No. 8, en San Cristóbal, con la supuesta complicidad de funcionarios públicos.
“Nosotros solicitamos la intervención del señor presidente, porque esto puede ser una catástrofe nacional”, agregó el comunitario Adriano García.
Los reclamantes aseguraron que el título de propiedad otorgado a Rojas Canaán en 2022 es falso, ya que desde 2002 el IAD había ejecutado el asentamiento AC-504-La Pared en esos terrenos, donde se levantan infraestructuras comunitarias como liceos, escuelas, canchas deportivas, centros de salud, más de 30 comercios, 20 mil viviendas y donde residen actualmente unas 90 mil personas.
En un documento de prensa, las Juntas de Vecinos Unidos Venceremos, De la Mano con la Comunidad de La Pared, Amor y Paz de la Pared, junto a la Asociación Agropecuaria, la Junta de Productores Agropecuarios del Distrito Municipal de El Carril, asociaciones profesionales y religiosas, advirtieron que la comunidad cuenta con más de 200 años de historia y que desde la caída de Trujillo no han recibido títulos definitivos de sus propiedades.
Además, denunciaron que en marzo de 2025 el IAD habría vendido al señor Ciriaco Suero la parcela 3-E del mismo Distrito Catastral, con 57,458 metros cuadrados, pese a que ya había familias asentadas allí por el propio organismo agrario.
La comunidad pidió al director del IAD, Francisco Guillermo García, instruir la entrega de títulos definitivos a las familias beneficiadas con los títulos provisionales desde 2002, y al presidente Luis Abinader, ordenar la inclusión del expediente CR-220-23 en el proceso nacional de titulación.
Finalmente, exigieron la anulación del título de Rojas Canaán y advirtieron que continuarán su lucha hasta que se les garantice la propiedad de las tierras que aseguran han habitado por más de seis décadas.