Cuñado de Danilo Medina devolverá al Estado más de RD$3 mil millones al llegar a un acuerdo con el Ministerio Público

Santo Domingo.- El Ministerio Público anunció que alcanzó un acuerdo con el empresario Maxy Gerardo Montilla Sierra y varias de sus empresas, dentro del marco de la operación Antipulpo, mediante el cual reconoce su responsabilidad penal y se compromete a entregar al Estado dominicano más de RD$3,000 millones en compensaciones.

El convenio, homologado judicialmente, establece el decomiso de RD$2,000 millones a favor del Estado y el pago de una indemnización de RD$600 millones a las empresas distribuidoras EdeEste, EdeSur y EdeNorte, como resarcimiento por los daños ocasionados a esas entidades.

Además, Maxy Montilla deberá disolver en un plazo máximo de dos años más de diez compañías ligadas a las irregularidades detectadas, las cuales habrían sido utilizadas para los contratos cuestionados.

Esas empresas son: Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S.; Electrocable Aluconsa, S.A.S.; NSD Importaciones Diversas, SRL; Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL; Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL; Importadora Eaglerise, SRL; TLC Negocios Globales, SRL; Watmax Lighting, SRL; Herrajes Eléctricos RPC, SRL; MG Solomon Corporation y otras entidades relacionadas.

Corrupción con acceso privilegiado

Según el documento judicial, Montilla utilizó estas empresas como vehículos societarios para obtener contratos públicos de forma fraudulenta, en violación a las normativas de compras y contrataciones del Estado.

El Ministerio Público sostiene que, gracias a su cercanía con el poder político, Montilla tuvo acceso a información privilegiada, incurrió en monopolio en el sector eléctrico, manipulación de plazos, sobornos a funcionarios públicos y otras prácticas destinadas a obtener ventajas indebidas en procesos de contratación estatal.

Criterio de oportunidad justificado

El acuerdo se fundamenta en el numeral 6 del artículo 370 del Código Procesal Penal, que permite aplicar el criterio de oportunidad en casos complejos, cuando el imputado colabora eficazmente con la justicia.Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y Mirna Ortiz, de la Pepca, valoraron positivamente la decisión y afirmaron que este avance refuerza los esfuerzos del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y la impunidad, liderada por la procuradora Yeni Berenice Reynoso.

Otro de los compromisos asumidos por el empresario es saldar una deuda tributaria ascendente a RD$431.8 millones con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), lo que refuerza la recuperación de recursos públicos vinculados al caso.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) calificó el acuerdo como un paso significativo en la lucha contra la corrupción y en el proceso de recuperación de activos que fueron sustraídos al Estado mediante maniobras fraudulentas.