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SANTO DOMINGO.- La Fundación Primero Justicia calificó como una violación de derechos fundamentales la detención del comunicador Ángel Martínez, arrestado el pasado miércoles 23 de julio por supuestamente incurrir en desacato al juez Reymundo Mejía, mientras se conocía una audiencia de medida de coerción por cargos de difamación e injuria contra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

Miguel Surún Hernández, presidente de la entidad, denunció que se trata de un caso sin precedentes en la República Dominicana, al considerar que se está utilizando la figura del desacato y la coerción judicial como represalia por delitos de opinión, lo cual, aseguró, vulnera principios constitucionales y representa una forma de “tortura judicial”.

“Ojo: nunca antes por delitos de opinión se había solicitado medida de coerción. Esto es una flagrante violación del Código Procesal Penal”, expresó Surún durante una protesta frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Según explicó el jurista, el comunicador fue apresado no por las imputaciones iniciales de injuria, sino por supuestamente faltarle el respeto al magistrado durante la audiencia, lo que ha prolongado su reclusión sin que se haya conocido aún una medida de coerción formal.

“No podemos permanecer pasivos ante lo que está aconteciendo: se está usando la figura del desacato para mantener privada de libertad a una persona por un delito de opinión, mientras la audiencia es diferida y su libertad sea retenida, como es el caso de la especie”, añadió.

Surún Hernández también acusó a funcionarios del actual gobierno de presionar al Ministerio Público para que actúe en contra de Martínez, quien ha sido crítico del oficialismo en múltiples ocasiones.

“Los que hoy ocupan el gobierno dominicano están utilizando el aparato judicial como mecanismo de persecución. Estamos ante actos de tortura judicial”, afirmó.

La audiencia para conocer la medida de coerción fue aplazada para el martes 29 de julio. Mientras tanto, Martínez permanece recluido, presuntamente en condiciones precarias de salud, con alteraciones cardíacas y sin atención médica adecuada, según denunciaron manifestantes que lo respaldan.

La Fundación Primero Justicia advirtió que el caso sienta un peligroso precedente para la libertad de expresión en el país, y llamó a la sociedad civil a mantenerse vigilante frente a posibles abusos de poder bajo el disfraz de la legalidad.