ANADIVE muestra preocupación por Ley de Residuo Sólidos sin tomar en cuenta sugerencias de afectados.

La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE) expresó su preocupación por la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de modificación de la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, sin haber alcanzado el debido consenso con los actores clave del sector empresarial que se verán afectados por dicha legislación.

César De los Santos, presidente de la entidad, expresó que esa pieza fue aprobada sin la elaboración de un estudio técnico independiente que definiera los criterios y sustentara la toma de decisiones en un tema sensible para las operaciones y la competitividad de las empresas.

Señaló que, muy especialmente, las pequeñas, medianas empresas y mipymes, que constituyen más del 85% de todo el tejido empresarial, se ven afectadas en su rentabilidad, libre competencia y creación de empleos al ser gravadas de manera indiscriminada, lo cual también incentiva el paso a la informalidad.

"Reconocemos que la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que estudió el citado proyecto, realizó una consulta a varias asociaciones, entidades y empresas, en la cual se hicieron observaciones, objeciones y sugerencias. Posteriormente, la comisión hizo ajustes al Proyecto de Ley y lo presentó en el hemiciclo para su aprobación, sin que los consultados pudieran verificar si se incluyeron sus opiniones", apuntó De los Santos.

Sostuvo que el proyecto aprobado no ha sido el resultado "de un diálogo participativo y plural, como debería ser en una legislación de tanta complejidad técnica, que afecta a tantos intereses y tiene un alcance multisectorial".

Precisó que un proceso de consulta más abierto y participativo habría permitido una normativa más cercana al interés nacional, equilibrada, equitativa y justa.

"En el proyecto aprobado, que ahora será revisado nuevamente en el Senado de la República, persisten varias inequidades que podrían ser corregidas o enmendadas con buena voluntad", indicó.

Manifestó que el conjunto de empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE), distribuidas por todo el país, son medianos y pequeños negocios, con un número de empleados entre 10 y 50, registrados en la categoría de PYMES.

Afirmó que, en cuanto a las actividades del sector de los distribuidores de vehículos, una parte representativa está compuesta por intermediarios, quienes obtienen un margen de comercialización bajo (entre 3 y 5%). Aunque pueden tener un alto volumen de operación y venta, sus ingresos reales y utilidades se basan en una comisión por venta. Así es reconocido por la DGII para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Argumentó que el proyecto aprobado tiene "un pecado original". Según los principios contables, es ilusorio gravar los ingresos por ventas, ya que al momento de realizar las operaciones, las empresas deben restar el costo de las mercancías, recibiendo solo las utilidades o beneficios brutos.

Puso como ejemplo una empresa que vende RD$ 100 millones al año, y cuyo costo de la mercancía puesta a la venta es de RD$ 95.0 millones. Esta empresa tiene un margen del 5%, es decir, RD$ 5.0 millones de utilidades brutas. Por lo tanto, es incorrecto gravar el ingreso por ventas, ya que nadie debe pagar por un beneficio que no ha recibido.

Recordó que en Ecología y Ambiente existe un principio fundamental que no debe perderse de vista: "El que contamina paga". Por lo tanto, los sectores de la economía que están directamente relacionados con el objeto de la ley deben ser revisados e incluidos en la contribución, pero hay otros que no tienen por qué ser penalizados. La ley debe ser equitativa; la "penalidad" no debe basarse en el nivel de ventas, sino en el aporte de contaminación.

Destacó que es necesario evitar la doble tributación, ya que los vehículos de motor pagan entre el 1% y el 3% del valor CIF (costo, seguro y flete) por la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el carbono (CO2). Además, las empresas también cubren adicionalmente la recogida de desechos sólidos (basura), situación que el proyecto de ley debe considerar.