CARD somete acción de amparo contra el Poder Judicial por violación al acceso a la justicia con imposición de Audiencias Virtuales

El Colegio de Abogados de la República Dominicana presentó una acción de amparo constitucional de extrema urgencia ante el Tribunal Superior Administrativo contra el Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, argumentando que la imposición obligatoria de audiencias virtuales en los tribunales del Distrito Nacional constituye una violación grave del acceso a la justicia de los ciudadanos y del derecho al trabajo de los abogados.

La acción, respaldada por los artículos 62, 69 y 69.1 de la Constitución, fue presentada en nombre del gremio por su presidente, el jurista Trajano Vidal Potentíni, junto con un equipo de abogados compuesto por José Manuel Jerez Tineo, Manuel Emilio Galván Luciano y Julio Ángel Ledesma Suárez.

El CARD argumenta que la Resolución núm. 21-2025, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, así como la Circular núm. 003/2025 de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, al imponer de manera obligatoria el uso de plataformas digitales para la celebración de audiencias, restringe indebidamente derechos fundamentales, tales como el acceso real y efectivo a los tribunales y el debido proceso.

el proceso legal, la tutela judicial efectiva y el derecho al trabajo digno de los profesionales del derecho.

Según el documento presentado, los tribunales ubicados en el Edificio de las Cortes del Distrito Nacional celebran actualmente la mayoría de sus audiencias exclusivamente en modalidad virtual, a excepción de los procesos penales y los embargos inmobiliarios. Esta medida, según el gremio, ha generado serios obstáculos operativos y tecnológicos que afectan tanto a los abogados como a los ciudadanos.

Los abogados se encuentran imposibilitados para dar seguimiento a sus expedientes, sufren retrasos injustificados y enfrentan nuevas trabas tecnológicas y logísticas, como el acceso limitado a los archivos judiciales. Además, la eliminación del rol presencial de los alguaciles y las notificaciones electrónicas ha incrementado el riesgo de fraudes.