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SANTO DOMINGO. Al conmemorarse este 9 de mayo el vigésimo cuarto aniversario de la promulgación de la Ley 87-01, que dio origen al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), el partido Fuerza del Pueblo hizo pública su postura mediante un manifiesto leído por Fernando Caamaño, secretario de Seguridad Social de la organización. En el documento, la entidad política destacó avances significativos del sistema, pero también denunció serias distorsiones, retrocesos institucionales y politización de los recursos públicos.

Caamaño definió la Seguridad Social como una de las conquistas más nobles del país y la catalogó como un compromiso “genuino con la sociedad, con su gente y, sobre todo, con los más vulnerables”. En ese sentido, reiteró que la Fuerza del Pueblo concibe este sistema como un pilar fundamental del bienestar colectivo, que debe actuar como “escudo de protección social” y como “puente entre generaciones”.

No obstante, el dirigente también advirtió que el sistema actual muestra importantes “luces y sombras”. Entre los logros señaló la ampliación de la cobertura poblacional y la consolidación institucional, pero lamentó que “el derecho social y colectivo ha sido subordinado, en muchos casos, a intereses políticos, comerciales y gremiales”.

En un tono crítico, el manifiesto denuncia que el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) ha sido “instrumentalizado con fines proselitistas” y que ha claudicado frente a presiones del Gobierno para incluir, de forma irregular, grupos poblacionales que no califican para el Régimen Subsidiado, afectando así los recursos destinados a los más pobres.

Asimismo, se cuestiona el uso indebido de los fondos acumulados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), los cuales, según Fuerza del Pueblo, han servido para cubrir déficits presupuestarios del Gobierno central y necesidades de liquidez del sistema bancario, sin garantizar pensiones dignas a futuro. Caamaño enfatizó que esta situación “no es resultado de fallas en el diseño del sistema, sino de las graves omisiones del Estado dominicano y de la irresponsabilidad del Poder Ejecutivo”.

Frente a este panorama, el documento propone un nuevo pacto social orientado a redirigir el sistema de Seguridad Social hacia un modelo más ético, inclusivo y sostenible. Este pacto incluye:

•Reorientar el financiamiento hacia un esquema más solidario e intergeneracional.

•Garantizar pensiones dignas con tasas de reemplazo alineadas con los estándares de la OIT.

•Fortalecer la cobertura del Seguro Familiar de Salud (SFS) y eliminar barreras de acceso y copagos excesivos.

•Promover la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instituciones del sistema.

Uno de los señalamientos más graves realizados por Caamaño fue la utilización irregular de fondos del Instituto Dominicano de Prevención y Promoción de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) durante los años 2019 y 2020, los cuales habrían sido desviados para cubrir déficits del gobierno sin que el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) haya tomado medidas legales o solicitado la restitución de los recursos.

Asimismo, la organización denuncia el incumplimiento del compromiso de actualizar la Ley 87-01, un proceso que, pese a múltiples anuncios por parte del gobierno actual, no ha sido cumplido. “Esto representa una violación directa al mandato del Poder Legislativo”, advirtió el secretario.

En su manifiesto, Fuerza del Pueblo reitera su compromiso de reformar integralmente el sistema a partir del año 2028, “para que esté verdaderamente al servicio de la gente”. Proponen que el presidente del CNSS forme parte del Gabinete Económico, con voz en la elaboración del Presupuesto General de la Nación, y que la gobernanza del sistema sea fortalecida desde el Poder Ejecutivo.

“La seguridad social debe ser del pueblo, para el pueblo y con el pueblo: financiada por todos, gobernada para todos y al servicio de todos”, enfatizó Caamaño.

El secretario de Seguridad Social de Fuerza del Pueblo hizo un llamado a la reflexión nacional, destacando que el SDSS debe convertirse en una causa común frente al contexto actual de pobreza, inseguridad y alza del costo de vida. “Hoy más que nunca, el sistema debe ser un refugio cierto, una verdadera garantía de protección social”, concluyó.