SANTO DOMINGO.- La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) abrió un espacio de diálogo este miércoles con representantes de la sociedad civil y fuerzas políticas para analizar la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes, una decisión que ha generado amplias reacciones en distintos sectores del país.
Durante el panel, la vicerrectora de Extensión de la academia estatal, doctora Rosalía Sosa Pérez, advirtió que hay “grandes retos y desafíos” respecto a los artículos legales que regulan este tipo de candidaturas, los cuales, a su juicio, “burlan la Constitución”, en virtud de la sentencia exhortativa del Tribunal Constitucional.
“Y con esta situación de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró, contrario a la constitución, dos artículos que están en la ley 20-23 Orgánica Electoral, la sentencia establece que el órgano legislativo tiene que revisarla”, sostuvo Sosa Pérez.
"No queremos que este diálogo y que mañana lleguen los procesos electorales y no contar con esa corrección en virtud de la sentencia exhortativa del tribunal constitucional", añadió.
Uno de los puntos debatidos fue la cantidad de firmas exigidas por la normativa vigente para inscribir una candidatura independiente. El abogado José Cabral comprendió la medida como desatinada.
"En el caso concreto de la cantidad de firmas no debe ser otra parte a la ruta porque también es desacertado que habla de un 2% del padrón, no , debería ser un 2% de la última votación exactamente como se le exige a los partidos, porque entonces es totalmente desigual", expresó Cabral.
"A mí lo que me sorprende en ese proyecto de la junta es que haya habido tan falta de razonabilidad, incluso yo me quedo sorprendido porque es un órgano que tiene que ver con el manejo electoral, que el estado le ha dado esa función y que se dedica a promover un proyecto tan violatorio….", añadió el abogado.
La UASD no descartó continuar liderando estos encuentros, al tiempo que reiteró su compromiso con el fortalecimiento del debate institucional y el respeto a los principios constitucionales en los procesos electorales.
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