República Dominicana.-La Junta Central Electoral (JCE) saluda el arresto y posterior sometimiento a la justicia de seis personas, incluyendo empleados de la institución, que integraban una red que se dedicaba a falsificar y suplantar documentos, con el propósito de beneficiar a nacionales haitianos en la provincia Peravia.
Por el hecho se persiguen a dos personas más, contra las que fueron emitidas órdenes de arresto.
La jueza de Atención Permanente de la provincia Peravia, Loida Amador, declaró complejo el caso e impuso prisión preventiva a Amauri Rosario Aybar y garantía económica y presentación periódica a Stalen Falcón, Juan Javier Mariñez Guillén, Elizabeth Mercedes García, Quilcy Paulino y a Sujeyri Mercedes Sánchez.
Conforme al Ministerio Público, los imputados fueron apresados luego de que las autoridades realizaran varios allanamientos en las comunidades Nizao, Santana, Pizarrete, Don Gregorio y Baní, en la provincia sureña.
De acuerdo a la solicitud de medida de coerción, la estructura criminal estaba compuesta por terceros y empleados de la Oficialía de Estado Civil de Nizao, quienes actuaron bajo la Dirección De la Oficial del Estado Civil María Del Carmen Arias Castillo, quien se encuentra prófuga, al igual que Dominga Valdez, pesando contra ambas órdenes de arrestos.
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“El ‘modus operandi’ de la red se desarrollada a partir de una supuesta fundación identificada como ANEADEF, a cargo de Dominga Valdez, que según la descripción se dedicaba a la educación especial a personas con necesidades especiales asociadas a discapacidad educativa o física”, explica la institución.
Conforme a las indagatorias, en el lugar se ofrecía una supuesta orientación y asistencia a personas que no portaran documentos de identidad, pero en la realidad se dedicaban a comercializar las identidades falseadas, a partir de suplantación de documentos de ciudadanos dominicanos.
La investigación está siendo llevaba a cabo por la Fiscalía de Peravia, la Fiscalía adscrita a la Junta Central Electoral, la Dirección Nacional de Seguridad Civil de la Junta Central Electoral, y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y su Departamento de Falsificaciones, con el apoyo de la Consultoría Jurídica, la Dirección de Cedulación, la Dirección de Inspectoría y la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral.
El grupo está acusado de violar los artículos 265, 266, 145, 146,147, 148,150 y 151 del Código Penal Dominicano que tipifican la asociación de malhechores y la falsificación de documentos públicos, así como los artículos 207 y 208 de la Ley 4-23 sobre Registro Civil, además de los artículos 13 y 14.4, de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral; artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de Datos Personales y artículos 6 párrafo 1, 7, 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
“La JCE reitera su posición de enfrentar de manera fehaciente todas las violaciones al Registro Civil Dominicano, así como a la identidad de la ciudadanía”.
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