República Dominicana.-En el año que concluye la Justicia Dominicana siguió siendo más de lo mismo, consumándose lo que muchos esperaban de algunos casos de corrupción; el añejado expediente de Odebrecht sigue pendiente de una decisión del Tribunal Constitucional, pero con todos los imputados sueltos, el caso de Jean Alain llegó hasta el fondo, y los guardias de los Corales están fuera de prisión, aunque también hay que destacar una notable reducción en la mora judicial.
El poder judicial comenzó el año con el atractivo circo montado en un Tribunal de Puerto Plata por el pelotero de grandes Ligas Wander Franco, quien el 8 de enero fue puesto en libertad con una multa de dos millones de pesos y presentación periódica, tras ser acusado de explotación sexual junto a la madre de una adolescente de 14 años, la cual era su amante desde los 13.
La progenitora de la niña, Martha Vanessa Chevalier, fue enviada a prisión domiciliaria, como medida de coerción.
Para no perder la costumbre, Franco volvió a caer preso más adelante en San Juan de la Maguana, envuelto en otro lío de falda, aunque luego fue dejado en libertad.
En febrero, los jueces de la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional condenaron a dos años de prisión por corrupción al ex director de la OMSA, Manuel Rivas, en el caso del abogado Yuniol Ramírez; anularon la sentencia que condenó a 20 años a Argenis Contreras por el asesinato del también comunicador, y ordenaron un nuevo juicio que incluyó el procesamiento de los descargados Lilian Suarez, Víctor Ravelo y José Mercado, alias el Grande.
En el nuevo juicio, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ratificó la condena de 20 años contra Contreras, y los restantes implicados fueron de nuevo descargados.
El once de marzo, por tercera ocasión el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional rechazó levantar el arresto domiciliario al general Adan Cáceres, figura cimera de un alegado entramado corrupto, desmantelado mediante la operación Coral, pero al cabo de seis meses, el mismo Tribunal ordenó el cese de la prisión domiciliaria y el retiro del grillete al ex jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares, acusado junto a otros de defraudar al Estado con más de 4 mil 500 millones de pesos.
Ese mismo mes, el Tribunal Colegiado de La Altagracia condenó a 20 años de prisión al profesor John Kelly Martínez, por la muerte de su alumna menor de edad, Esmeralda Richiez, a quien violó el 12 de febrero del 2023.
El once de abril, luego de salir de una audiencia contra el acusado de la muerte de su esposo, es apresada en Santiago la viuda Daneris Pérez Espinal, a quien el Ministerio Público acusa de complicidad en el asesinato de su marido, Julio César Rodríguez Paula.
Y el 22 de ese mismo mes, el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró la extinción penal contra los implicados en la venta irregular del barrio Los Tres Brazos con sus residentes dentro. El expediente está en casación, pendiente de un fallo de la Suprema Corte de Justicia.
En el 2024 y mediante el decreto 186-24, el Poder Ejecutivo creó una comisión encabezada por Jorge Subero Isa, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, para dar seguimiento a la reconstrucción y terminación de la Cárcel las Parras, en Guerra, a donde deben ser trasladados los presos de La Victoria. La comisión se crea luego de un incendio en el penal de la Victoria con un balance de 13 reclusos muertos.
El 28 de mayo, la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia condenó a 5 años de prisión y ordenó el decomiso de propiedades a la diputada del gobernante PRM por la Vega, Rosa Amalia Pilarte, acusada de blanquear más de 4 mil millones de pesos procedentes de actividades ilícitas.
Más adelante, la legisladora perremeista apeló la sentencia por ante el pleno de la Suprema, alegando que la fortuna de su familia se la ganó trabajando hasta la 15 de la mañana, perdón, hasta las tres de la madrugada.
El 3 de junio, el Ministerio Púbico desiste de la acción penal contra Mimilo Jiménez y Fernando Crisóstomo, involucrados en el caso Calamar, a cambio de la devolución de mil 817 millones de pesos, que se habrían robado del erario. Las autoridades no informaron con cuantos millones Fernando y Mimilo se quedaron.
Dos días después, la Procuraduría General de la República puso en marcha la operación Gaviota para desmantelar una red mafiosa que captó más de 3 mil millones de pesos a través de la firma Investor Winner, gestionando un esquema fraudulento de operaciones bursátiles mediante el cual ofrecía a los clientes ganancias mensuales de hasta un 30%.
En julio, el juez de la oficina de atención permanente de Santiago, Rafael De Asís Burgos, impuso un año de prisión preventiva a los nombrados Junior David Matos y Estarly Almánzar, implicados en una red de explotación sexual que abusaba de venezolanas y colombianas, desmantelada mediante la operación Flor de Loto.
El 29 de ese mismo mes, el juez Amauri Martínez envió a juicio de fondo al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y otros 14 imputados en el caso Medusa, luego de tres años de audiencias preliminares.
En agosto, La segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia absuelve a Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón, y confirma el descargo de Conrado Pitaluga, los tres envueltos en el escándalo de los sobornos de Odebrecht; y en septiembre la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción –Pepca- elevó por ante el Tribunal Constitucional un recurso de revisión de la sentencia.
En octubre, el escándalo de los semáforos llevó a la cárcel al ex director del Intrant, Hugo Beras, y al empresario Jochy Gómez, enviados a Najayo con 18 meses de prisión preventiva junto a Pedro Padovani por la jueza de instrucción Fátima Veloz. El 11 de noviembre los tres, denominados como los presos VIP, son dejados en libertad con garantía económica por la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
El 21 de octubre, el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 7 años a Elizabeth Silverio, acusada de ejercicio ilegal de la medicina, y le impone una indemnización de 18 millones de pesos para las familias de las víctimas, que se querellaron en su contra.
Ya en noviembre, La Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional dejó en libertad con garantía económica al presidente de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno, Freddy Núñez, acusado de un millonario desfalco en esa institución, junto al tesorero de la misma, Aníbal Ozoria, también dejado en libertad con medidas de coerción.
También en noviembre, cayó en manos de la justicia Nazario Mercedes, quien habría confesado ser un asesino en serie que acabó con la vida de 6 mujeres, entre 1995 y el 2024.
El 21, La segunda sala de la cámara penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratifica la condena de 30, 20 y 15 años a Chiquito, Luisito y El Dotolcito, por la muerte del joven estudiante de 19 años Joshua Fernández.
Llegado diciembre, La Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís impuso tres meses de prisión preventiva al profesor Fernando Peña Eusebio, acusado de abuso sexual contra una estudiante de la escuela La Siria, del municipio Quisqueya, mientras la Policía persigue al maestro Alejandro Roberto Bello, quien también está involucrado en el delito y se mantenía en la clandestinidad.
Un tercer profesor, Wander Aponte, también de San Pedro de Macorís, está sometido a la justicia por acoso sexual a una alumna de 12 años, en la Escuela Primaria Juan Emilio Bosh Gaviño, ubicada en la avenida Mauricio Báez.
Como regalo de fin de año, los fiscales desarrollaron una jornada de paros en los tribunales, reclamando reivindicaciones económicas, mientras los jueces de paz, primera instancia y Corte de Apelación también solicitaron al Poder Judicial un aumento general de salario y la aplicación del manual de incentivos, aprobado en febrero del 2022.
Como nota positiva, desde el poder judicial se informó que más del 60% de los tribunales están al día en el conocimiento de sus casos, reduciendo de forma significativa la tormentosa moral judicial.
Cerrando el 2024, la ley 1-24 que crea la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia) fue declarada inconstitucional, mientras debatían autoridades judiciales, juristas, académicos y comunicadores sobre un potencial atentado contra la prensa, a través de la Política de Protección de Datos del Poder Judicial, su Política de Comunicación y la propuesta de Política de Datos Abiertos.
El fallo de inconstitucionalidad, por la forma, más no en el fondo, convoca a la Cámara de Diputados a la elaboración de una nueva normativa que se ajuste a la Carta Magna. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, adelantó que la nueva iniciativa recogerá el consenso logrado con entidades de la sociedad civil, entre ellas la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD).
Antes, inmediatamente después del fallo constitucional, se pronunció el Poder Ejecutivo a través de su consultor jurídico, Antoliano Peralta, destacando que "aunque esta obtuvo amplias mayorías: 125 de 126 votos en la Cámara de Diputados y 21 de 25 en el Senado. Este incumplimiento vicia la validez de la ley, dado que las normas orgánicas requieren procedimientos específicos según la Constitución y los reglamentos legislativos".
Entre unos casos y otras cosas, pendientes para inicio del 2025 está el juicio preliminar contra los implicados en el asalto a la sucursal Luperón del Banco popular, aplazado para el 16 de enero por el tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional; mientras el primer juzgado de instrucción de la misma jurisdicción aplazó para el 20 de enero el inicio de la audiencia preliminar a los imputados en una red mafiosa que estafó más de quinientas personas con falsos proyectos inmobiliarios, y que fue desmantelada mediante la operación Nido.
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