SANTO DOMINGO.-Con el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado, La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, presidida por Gregorio Domínguez, ha iniciado el estudio para modificar la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.
Esta iniciativa, impulsada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, fue aprobada previamente en el Senado de la República y ahora se estudia en la Cámara Baja.
En la reunión celebrada hoy, la comisión abordó varias propuestas de enmienda que buscan establecer tipos penales específicos, aumentar la responsabilidad de los funcionarios públicos, y endurecer las sanciones para proveedores y empresas involucradas en prácticas ilícitas.
Entre las principales modificaciones que se están considerando en la reforma de la Ley 340-06 se encuentran:
Responsabilidad Patrimonial: Se establecerán sanciones para funcionarios cuyas acciones u omisiones causen daños económicos al Estado, permitiendo además a terceros afectados reclamar por los perjuicios ocasionados.
Régimen Disciplinario para funcionarios Públicos: La propuesta clasifica las faltas en distintos grados. Las faltas leves podrían implicar amonestaciones, mientras que las reincidencias y faltas graves pueden resultar en suspensiones sin sueldo o la destitución del cargo.
Sanciones Penales y Administrativas: La reforma prevé inhabilitaciones temporales y multas para proveedores que infrinjan la ley, y sanciones penales severas para funcionarios y personas jurídicas involucradas en actos de corrupción, con penas de prisión que podrían alcanzar hasta diez años.
Sanción por Declaraciones Falsas: Los proveedores que presenten información falsa en sus declaraciones juradas enfrentarán penas de prisión de uno a tres años.
Procedimiento Disciplinario Riguroso: El proyecto de reforma detalla un proceso disciplinario para evaluar las faltas, aplicable conforme a la Ley de Función Pública, con el fin de garantizar un proceso justo y transparente.
El diputado Gregorio Domínguez destacó que “esta reforma busca endurecer las penas por corrupción y robustecer el sistema de compras y contrataciones públicas, para asegurar el uso adecuado de los recursos del Estado y reforzar la transparencia.”
La comisión continuará sus labores en las próximas semanas para discutir en profundidad estas propuestas, recabando además el aporte de diversos sectores interesados, en un esfuerzo conjunto por fortalecer el marco normativo de las contrataciones públicas en el país.
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