SANTO DOMINGO.–El Ministerio Público acusa a Hugo Beras y Jochi Gómez de varios cargos entre ellos corrupción adminsitrativa, desfalco y estafa contra el Estado, asi como sabotaje y terrorismo.
Cargos contra los imputados:
Corrupción administrativa:
Se les acusa bajo el artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República Dominicana, que prohíbe la corrupción en la administración pública. También enfrentan cargos de coalición de funcionarios (artículos 123 y 124 del Código Penal), al haber conspirado para obtener beneficios ilícitos mediante su influencia y cargos en el gobierno.
Uso indebido de documentos:
Según los artículos 147, 150 y 151 del Código Penal, los imputados habrían utilizado documentos privados falsificados y manipulados para favorecer a la empresa Transcore Latam en licitaciones y adjudicaciones irregulares.
Desfalco y estafa al Estado:
Los cargos de desfalco (artículos 171 y 172) y estafa en perjuicio del Estado (artículo 405) señalan que los implicados desviaron fondos públicos destinados a proyectos relacionados con la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo, causando pérdidas millonarias.
Asociación de malhechores:
El Ministerio Público también imputa a los arrestados por asociación de malhechores (artículos 265 y 266 del Código Penal), debido a su participación en una red organizada que operaba con fines delictivos en perjuicio de los intereses del Estado.
Sabotaje y delitos de alta tecnología:
En virtud de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, los acusados enfrentan cargos de sabotaje (artículos 11, 17, 27 y 28), por haber manipulado ilegalmente la red semafórica del Gran Santo Domingo, además de robo de identidad y delitos contra la nación.
Contrabando:
Los cargos de contrabando (artículos 5, 33, 34, 35 y 36 de la Ley 17-19) apuntan a que los imputados facilitaron el ingreso y uso de productos regulados de forma ilícita, vinculados a la operación de Transcore Latam.
Lavado de activos y financiamiento del terrorismo:
Según la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, los implicados habrían utilizado el dinero desviado para financiar operaciones ilegales, incluyendo financiamiento del terrorismo (artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10 de la misma ley).
Actos de terrorismo:
Finalmente, los arrestados enfrentan cargos por terrorismo (artículos 5 y 8 letra F de la Ley 267-08), tras la serie de acciones que causaron interrupciones masivas en la red vial del Gran Santo Domingo, lo que afectó la seguridad y el orden público.
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