La República Dominicana sigue encabezando penosamente en el mundo unas de las más altas cifras por muertes en sus vías. Esto obliga a que como sociedad además de no cansarnos de referirnos a este tema, no continuemos a su vez, el sendero errado y escabroso de habituarnos a esta tragedia que trae más allá de los costos sociales, económicos y sanitarios, unas graves secuelas de dolor y sufrimiento en las familias dominicanas.
El problema de los accidentes de tránsito en nuestro país tiene mucho tiempo sin que hasta la fecha se avizore solución alguna, peor aún se ha venido agravando notoria y progresivamente como una enfermedad catastrófica que arrebata la salud y la paz de la población. Claro, no se puede obviar que ante el carnaval de estos siniestros viales graves la ciudadanía se ha conmocionado, pero eso no pasa de ahí; voces se han levantado después de las ocurrencias dando surgimiento a reacciones para que se tomen acciones, a fin de mejorar dicha situación calamitosa, pero todo se queda en retórica.
Cada cierto tiempo vemos que se publican de manera recurrente las estadísticas, las cuales evidencian un aumento preocupante del volumen de siniestros viales con numerosas vidas humanas trágicamente truncadas, teniendo en especial como víctimas un porcentaje significativo de jóvenes. A tal efecto, se anuncian planes y medidas reactivas de cara al nivel de la convulsión existente por la gravedad del accidente ocurrido, que luego en el paso de los días, se pierden en el horizonte del olvido.
Mientras tanto, cada día un hogar en nuestro país resulta impactado de manera directa o indirecta por esta pandemia. Si bien podemos cuantificar el número de los siniestros viales, de los lesionados, muertes o personas afectadas; resulta incalculable el dolor o el rosario de traumas psicológicos que acompaña este proceso en la mayoría de los casos ya que estaríamos calculando el sufrimiento humano, el sacrificio, el duelo. Estos efectos no sólo suponen una gran carga para la economía y sanidad dominicana, sino para las familias que sufren los estragos de estas secuelas de una manera directa
Asimismo, se lanzan proyectos e iniciativas de políticas muy interesantes y de buenas intenciones, pero languidecen como la espuma en el chocolate, porque se ejecutan solo por operativos de momentos, que pueden impactar en ese instante, sin embargo, se desvanecen con celeridad, sin que se logre el efecto consistente de generar un cambio de mentalidad y cultural hacia el orden, el cumplimiento de la ley y el deber cívico ciudadano en materia vial.
Como paréntesis ante lo expresado, es bueno advertir que las políticas públicas no sólo son documentos elaborados en cuartos fríos, con una relación o inventario de actividades y asignaciones presupuestales, su papel va más allá; en el sentido de que deben constituirse apuestas sociopolíticas efectivas para resolver problemas públicos concretos, necesidades individuales y colectivas que son requeridas por la misma sociedad; en definitiva, tienen que ser la materialización de la acción del Estado.
En ese orden debe materializarse como acción concreta del Estado, a modo de ejemplo: no tolerar más la impunidad contra la inobservancia a las leyes y las normas de tránsito por parte de los conductores y los transeúntes, controlar el consumo de bebidas alcohólicas a los conductores, la eliminación de las licencias de conducir a los reincidentes patológicos, más presencia de agentes en las vías de día y de noche, sensibilizar y concientizar a la ciudadanía a través de una permanente y sólida educación vial.
Asimismo, las distintas infraestructuras para la circulación vial debe ser objeto de continuo mantenimiento; así como también se le debe prestar más atención a aquellos puntos cuya frecuencia de siniestros es alarmante; darle mayor carácter a la aplicación de la revista técnica vehicular; por igual urge más control y regulación al uso de motocicletas, por ser la causa número uno en accidentes de tránsito, entre otras acciones que solo requieren un ejercicio de voluntad para que se ejecuten.
Los accidentes de tránsito y sus consecuencias es una crisis de Estado, que no podemos continuar postergando una respuesta contundente, efectiva e integral. Ser indiferente ante este flagelo es un atentado contra el respeto al valor de la vida. Es tiempo de humanizar las vías en la República Dominicana.
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ANGEL GOMERA
Abogado
Santo Domingo de Guzmán
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