Agencias.-Un nuevo informe de la Universidad de Georgetown concluye que causales y vida son compatibles en la República Dominicana y que no hay razón de negar la despenalización de aborto en las tres circunstancias.
Los autores del informe alegan que la existencia de tensiones entre distintos derechos protegidos constitucionalmente es algo habitual. En este caso, podría presentarse una tensión entre el interés estatal de proteger la vida prenatal, por un lado, y los derechos a la vida, integridad, salud y no discriminación de las mujeres y las niñas, por el otro.
El informe afirma que los ordenamientos constitucionales y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos han recurrido al juicio de proporcionalidad como la herramienta más adecuada para resolver estas tensiones.
Un argumento utilizado por juristas y legisladores en la República Dominicana para mantener la prohibición total del aborto es que la Constitución Dominicana en su artículo 37 protege el derecho a la vida desde la concepción.
Esta supuesta incompatibilidad entre la protección de la vida en gestación y la despenalización del aborto, en particular en casos extremos, ha sido debatida y ampliamente superada en el derecho constitucional comparado.
Según el informe múltiples organismos internacionales de derechos humanos han señalado que la penalización absoluta de la interrupción del embarazo es una violación de derechos humanos y una de las barreras que impide a mujeres y niñas acceder a servicios de salud reproductiva, sobre todo cuando su vida e integridad corren peligro. El aborto en condiciones de riesgo es la tercera causa de mortalidad materna en la República Dominicana, donde la tasa de mortalidad materna es un 22% mayor a la media latinoamericana. La mayoría de las muertes maternas se producen entre mujeres y niñas de los sectores sociales con mayor vulnerabilidad.
Los autores del informe notan que en diversas oportunidades, en el marco del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, se le ha recomendado a la República Dominicana despenalizar el aborto en, al menos, las tres causales, recomendación que fue aceptada por el Estado Dominicano en 2019.
El informe presenta un resumen de los países en Latinoamérica que han optado por la despenalización del aborto: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y México. Las diferentes Altas Cortes en estos países usaron ejercicios de ponderación para analizar la tensión que puede surgir a partir de la protección constitucional o normativa de la vida en gestación y la afectación de diferentes derechos de las mujeres y las niñas frente a la penalización del aborto.
Los autores concluyen el informe afirmando que “una ley que permita el aborto bajo tres causales en la República Dominicana no requiere de una reforma constitucional, dado que las mismas resultan compatibles con la protección constitucional de la vida en gestación de acuerdo con un ejercicio de ponderación ya aplicado por el Tribunal Constitucional y en consonancia con los avances del derecho constitucional comparado”.
Ahora mismo el Congreso de la República Dominicana tramita dos proyectos de ley para la adopción de un nuevo Código Penal. Uno mantiene la criminalización absoluta del aborto y otro, recientemente presentado ante la Cámara de Diputados, introduce su despenalización en tres causales: cuando la vida de la madre corre peligro, cuando el embarazo no es viable o en casos de violación o incesto.
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