Los últimos sucesos que conmocionan la República Dominicana, nos obligan a opinar sobre las causas y consecuencias de los mismos; nos referimos al apresamiento y sometimiento a la justicia de 3 ministros y varios funcionarios y personas cercanas al gobierno del ex presidente Danilo Medina, acusadas principalmente, de colusión de funcionarios, y asociación de malhechores para desfalcar al Estado, y financiación de campaña electoral con fondos ilícitos.
De ser verdad las imputaciones de la acusación, nos preguntamos: ¿está la Justicia Dominicana, preparada para dar justos veredictos sobre casos de corrupción tan complejos, y altamente elaborados por personajes de tanta principalía en un tren gubernamental?
El empresario dueño de bancas de lotería y ex director de la Lotería Nacional que protagonizó el caso 13, fue liberado de toda culpa y está en libertad, y solo los chivitos expiatorios fueron condenados a penas benignas. La verdad es que, ésta es una corrupción vulgar, tan burda que cualquier campesino iletrado podría ser juez y no equivocarse al dictar sentencia, la del gobierno anterior es otra cosa, con muchos defensores y poderosos beneficiarios.
En el gobierno actual del presidente Abinader, se han detectado 29 casos de corrupción grandes y pequeños, tenemos, además un Ministro asesinado, un acusado de narcotráfico y lavado de activos en la ciudad de la Vega, éste tenía grilletes y arresto domiciliario junto a sus hijos, pero, les fueron retirados porque son tan pobres que, aunque pasean al Presidente en helicóptero no pueden pagar el costo de los grilletes; y como perla de la corona, un diputado comiendo excrementos en una cárcel de Miami, esperando juicio por narcotráfico internacional.
No es lo mismo un preso político, que un político preso; si a una persona que se dedica a la actividad política, se le apresa para hacerle daño a su imagen pública, a esta persona se le llama preso político; pero, si un político en ejercicio comete un delito, y es apresado y sometido a la justicia, entonces es un político preso que, debe responder como cualquier ciudadano por los hechos delictivos cometidos.
De la seriedad de doña Mirian Germán Brito, solo pudo dudar aquella parte del Consejo Nacional de la Magistratura que trató de desacreditarla en aquel lejano 4 de marzo del 2019. En ese día aciago en que vimos a esta dama bajo las diatribas del Procurador General, todos los que tenemos sentido del decoro, nos sentimos vejados e insultados, pero no alcanzamos a pensar que, las encrucijadas de la vida reservaran su figura para otros hechos trascendentales de la vida nacional.
Y ante ese espectáculo, siempre resplandecerá la posición sensata y decorosa del fenecido Dr. Reynaldo Pared Pérez que, siendo cabeza de uno de los poderes del Estado, no compartió el vejamen a que fue sometida doña Mirian Germán y con ella, la verdadera Justicia dominicana.
Aunque creemos que en la situación actual el Ministerio Público está desbordado por los actos de corrupción del pasado y del presente; pensamos que sus principales cabezas, no están actuando como punta de lanza del proyecto de reelección presidencial de Abinader.
¿Por qué? En primer lugar, porque la Dra. Mirian Germán no se prestaría para jugadas políticas, en segundo lugar, porque una jugada de esta categoría, no prevé a quién favorecerá, y el menos favorecido de sus consecuencias será el gobierno de Luis Abinader.
A la luz de los datos publicados en la prensa nacional, tenemos que el expediente que cursa para medidas coercitivas de los ex funcionarios, tiene su punto fuerte en las delaciones y devoluciones de dinero enajenado al Estado por algunos de los acusados.
Cuando alguien es acusado por otra persona de haber sido su socio en un desfalco al Estado, si lo hace solo con argumentos, sin documentos y sin devoluciones de sumas multimillonarias, se puede decir que son palabras de unos contra otros, pero, si existen pruebas documentales y devoluciones de altas sumas del dinero robado, entonces, existe un delito que debe probarse en un juicio oral público y contradictorio.
Creemos que el Ministerio Público tiene un sólido caso en sus manos; ya hay una condena previa del Sr. Francisco Pagán, testigo a cargo en esta acusación, devolución de RD $200 millones de pesos de parte de él, y se habla de otro testigo a cargo, que ha devuelto RD $2,000 millones, se refiere la prensa al Sr. Ramón Emilio Jiménez, alias Mimilo.
Hay una consecuencia directa que afecta al Partido de la Liberación Dominicana en este caso, y es que de su cúpula el CP, hay dos miembros a los que se le conocerá medidas de coerción, y si consideramos que uno de ellos fue su candidato presidencial en el pasado proceso del 2020, entonces la situación se torna peor.
¿Qué el caso es político? Si, involucra políticos, un gobierno pasado, y parte de la cúpula de un partido de oposición.
¿Que esto es persecución política? No lo creemos; pero debemos creer en su inocencia, hasta que se demuestre lo contrario en las salas de justicia.
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