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Del Código Penal al Fideicomiso Público: El 2022 un año con pocas leyes y abundantes polémicas en el Congreso de RD

República Dominicana.-En el recién concluido 2022, el Congreso Nacional terminó un año con más polémicas que iniciativas aprobadas, y en la recta final de la segunda legislatura programada para cerrar a mediados de este enero, las reformas a las leyes electorales y el controversial proyecto de Ley de Fideicomiso Público mantienen encendidos los debates entre oficialistas y opositores, que acusan al gobierno de intento de golpe institucional, aprovechando el asueto de Navidad para pasar una ley carente de transparencia.

En un Congreso donde llegan iniciativas “tan interesantes” como la declaración del Día de “Los Compadres”, siguen durmiendo el sueño eterno proyectos como el nuevo Código Penal, la Ley de Agua y la reforma a la Ley de Función Pública.    

En el Congreso, la falta de entendimiento entre las fuerzas políticas que inciden en ese Poder del Estado se puso de manifiesto desde que comenzó el 2022, con el fracaso en enero de un nuevo proyecto de Ley de Código Penal, que perimió en la segunda y última legislatura 2021-2022.

Un Congreso aprobando préstamos sobre préstamos

En el Senado, el 2022 se inició como concluyó el 2021: Cogiendo dinero a rédito y aprobando préstamos por 300 millones de dólares, otorgados por la corporación andina para enfrentar los efectos del covid-19.

Finalizando el 2022, la oposición política calculaba en más de 13 mil millones de dólares los prestamos aprobados por el Congreso durante lo que va de la gestión del presidente Luis Abinader.

Fue de las entrañas de ese hemiciclo de donde salió el proyecto de Ley en Defensa de la Intimidad, el Honor y el Buen Nombre, de la senadora del PRM por Bahoruco, Melania Salvador, al que muchos bautizaron como la Ley Mordaza, creando un gran revuelo en la sociedad dominicana a mediados del 2022.

Ya el ambiente legislativo venía caldeado desde mayo, cuando el Poder Ejecutivo depositó en el Congreso el proyecto de ley contra la Ciberdelincuencia, generando reacciones en cadena por contener limitaciones al ejercicio de la libre expresión, lo que obliga al gobierno a retirarlo.

Y para no quedarse atrás, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para crear la provincia Matías Ramón Mella en el Gran Santo Domingo, en medio de un gran debate sobre la factibilidad o no de un proyecto que al finalizar el año seguía siendo eso. Un proyecto.

Al concluir la Primera Legislatura Ordinaria del 2022 que se extendió desde el 27 de febrero hasta el 26 de julio, el Senado de la República había aprobado 203 iniciativas legislativas, clasificadas entre proyectos de Leyes, resoluciones y convenios internacionales.

Entre las iniciativas legislativas aprobadas en el 2022 se destaca la Ley de Extinción de Dominio, sancionada sin retroactividad, y que tiene como objetivo recuperar los bienes y activos adquiridos con recursos provenientes de la corrupción administrativa, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, entre otros delitos. Además, define las competencias y facultades de las autoridades responsables de su aplicación.

Asimismo, la Cámara Alta aprobó la Ley Orgánica de Regiones Únicas que organiza el país en 10 regiones, conformadas por sus respectivas provincias y municipios, a fin de desarrollar políticas públicas efectivas que favorezcan el crecimiento sostenible de la nación.  Además se aprobaron la Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial que habilita y regula el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos judiciales y administrativos en ese poder del Estado y la Ley de los Actos del Estado Civil que cuenta con más de 30 novedades de interés para los nuevos padres y establece que los progenitores elijan el orden de los apellidos de sus hijos.

El Senado también favoreció la Modificación del Código Procesal Penal, con el objetivo de que el robo sin armas y sin violencia pueda ser perseguido de oficio por el Ministerio Público, sin necesidad de que la víctima interponga una querella.

Se aprobó la Ley que crea el Sistema Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia y crea el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), con el fin de integrar todas las instituciones públicas dedicadas al cuidado de la niñez y otorgarle estatus de Ley al INAIPI.

De igual forma, Los senadores aprobaron la Ley que Ordena la Realización del Tamizaje Neonatal para la Detección Temprana de Enfermedades Congénitas y Metabólicas en la Población Infantil. Así como la Ley sobre Detección Auditiva e Intervención de la Hipoacusia Neurosensorial en la Población Infantil y Adulta, y la Ley que Ordena la Creación de Aulas con el Sistema Braille para Personas con Discapacidad Visual.

Fueron aprobadas la Ley que declara el 14 de junio como Día de la Raza Inmortal, las iniciativas que disponen la supresión del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS) y la ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos, de la autoría de Félix Bautista, Ricardo de los Santos y Máximo Castro Silverio.

También fueron sancionadas la Ley de  Aduanas, La ley que Crea los Distritos Judiciales de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste; la Ley sobre Alianzas Público- Privadas, Ley que regula la práctica de béisbol de personas menores de edad y la contratación al profesionalismo, y la ley que crea la empresa Punta Catalina, entre otras importantes iniciativas.

La reelección se impone en el Congreso Nacional

Previo al 16 agosto el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, rindió informe de su gestión en el período 2021-2022, anunciando que cubrió más del 90% de la deuda que tenía acumulada el órgano legislativo hace varios años y aseguró que “se terminaron los tiempos de un Congreso incapaz”.

En la ceremonia que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y la primera dama, Raquel Arbaje, Pacheco aseguró que hizo un saneamiento de las finanzas de la institución y, como se lo propuso, redujo la mora legislativa y “una cantidad de iniciativas que dormían el sueño de los justos”.

Al llegar el 16 de agosto hubo reelección de las autoridades del Congreso. Pacheco sigue como presidente de los diputados y Eduardo Estrella es ratificado presidente del Senado, en medio inclusive del encono de los perremeistas; unos que aspiraban a sustituirlo y, otros que apostaban a ser dirigidos por uno de los suyos.

En septiembre prosiguió el festival de los préstamos, con los diputados aprobando otro de 400 millones de dólares para el sector eléctrico; y en octubre explotó el escándalo del acoso sexual y laboral en la Cámara de Cuentas, que llegó hasta el Congreso Nacional.

De inmediato el Senado rechazó crear una comisión especial para investigar al presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, acusado de acoso por dos empleadas de esa institución.

Ya en diciembre, antes de irse de vacaciones de Nochebuena y Navidad, los senadores convirtieron en ley el presupuesto general de la nación para el 2023, por un monto que se acerca al billón y medio de pesos, una cifra donde las calculadoras dan error.

Si no se logran consensos para las reformas o aprobación de nuevas leyes, para el año 2023, el Congreso Nacional tiene en carpeta, además de los proyectos que quedan pendientes, las nuevas iniciativas del Poder Ejecutivo sobre protección a la mujer, Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, Administración de Bienes Incautados y competitividad de la aviación civil.

El 2023 llegó cuando los médicos con el apoyo de los abogados, maestros y otros sectores de la sociedad tienen una guerra abierta contra las autoridades y el Congreso, exigiendo una reforma integral de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, que incluya la eliminación de las ARS privadas y las Administradoras de Fondos de Pensiones.

De acuerdo con el artículo 89 de la Constitución de la República, las cámaras del Congreso Nacional, donde se mantiene abierto el debate sobre la Ley de Fideicomiso Público y sobre las leyes electorales, se reunirán de forma ordinaria el 27 de febrero y el 16 de agosto de cada año; y cada legislatura durará 150 días.

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