Uno de los grandes problemas que adolece la República Dominicana es que históricamente se han marginado las reformas institucionales y económicas para priorizar los intereses políticos.
Por eso los parches fiscales que han sido paliativos coyunturales que al fin y al cabo han contribuido a ahondar las dificultades estructurales que enfrentamos en el presente.
Esa visión política fue la que instauró un régimen dedicado a la corrupción y a la impunidad que se dedicó a “convertir el patrimonio público en patrimonio privado”.
Tanto el presidente, Luis Abinader, como el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio paliza, alegaron que el país está virtualmente quebrado debido a “dos elementos que han coincidido en el tiempo: una pandemia que ha puesto de rodillas al mundo y que no sabemos cuándo va a concluir, y, en segundo lugar, un gobierno de 16 años en el que fue manifiesto el despilfarro, la corrupción, la falta de organización y los altos endeudamientos”.
Aunque reconoce que en el pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hubo muchos actos de corrupción, el economista Denny Manzanillo, dirigente del Partido Fuerza del Pueblo, archienemigo del PLD, rechazó que el país este quebrado.
Con relación a la situación económica, el presidente dijo que encontró una economía quebrada, nosotros diferimos de él, si el país estuviese estado quebrado no habría podido colocar 3, 500 millones de dólares en bonos, pero no solo eso, sino que coloco 17 mil millones de pesos en bonos internos, y el Congreso Nacional le aprobó un prestamos de 500 millones de dólares en organismos financieros internacionales”.
Dijo que un país quebrado no tiene acceso a ese nivel de crédito “desde el año 1996, exceptuando los 4 años frustrantes y terribles que presidió Hipólito Mejía, la economía dominicana ha crecido de manera sostenida.
Sostuvo que los organismos internacionales la Comisión Económica para América Latina y el caribe (CEPAL) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), avalan los informes de crecimiento que presenta el Banco Central.
No obstante, el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Ciriaco Cruz, recordó que el ministro de Hacienda Jochy Vicente, ha pronosticado que el endeudamiento del sector público no financiero será un 59% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2021 y si se incluye la deuda del Banco Central se elevaría a 70%.
Para el 2021 el Estado Dominicana tendrá que pagar solo por intereses de la deuda externa, más 184 mil millones de pesos, que representan un 3% del Producto Interno Bruto y un 35% de los ingresos tributarios que se estima recibirá el gobierno el próximo año.
Estos datos revelan que las finanzas públicas están comprometidas y que indiscutiblemente la reforma fiscal no puede esperar. Llegó el momento de marginar los intereses políticos y priorizar las reformas institucionales y económicas. Llegó la hora de impulsar una reforma fiscal integral.
Hay que disminuir la deuda a través de una reforma fiscal que aumente los ingresos y comprometa al gobierno a gastar con calidad.
En su última alocución el presidente Luis Abinader anunció que para mediados del próximo año convocará al Consejo Económico y Social para discutir el pacto eléctrico y fiscal para que entren en vigor en el 2022.
Pero la gran pregunta es ¿qué tipo de reforma va a impulsar el presidente Luis Abinader, será regresiva o progresiva?
¿Tendrá la voluntad política de enfrentar los intereses del sector empresarial e incluso de su propio equipo económico, cuya naturaleza es neoliberal y conservadora?
Tanto las decisiones que han tomado como las medidas que han propuesto, son de corte neoliberal, pues el Proyecto de Ley de Presupuesto propuesto por el Poder Ejecutivo, que fue dejado sin efecto debido al rechazo total de la población, era una especie de reforma cuasi fiscal, cuyas propuestas tributarias solo afectaba de manera negativa a la clase media.
Mismo que ocurrió con el rumor de que a través de la denominada Alianza Público-Privada, el gobierno tenía la intensión de privatizar, la OMSA, el Metro, el teleférico, el Incart, entre otros.
El gran cambio que promueve el jefe de Estado implica una reforma estructural que augure sostenibilidad financiera, estabilidad macroeconómica, justa distribución de la riqueza y progreso.
En consecuencia, el reto del presidente Luis Abinader, está en sobreponer su voluntad política a los intereses de los poderes fácticos e incluso a la visión neoliberal de su equipo económico.
EL gran cambio no es otro parche regresivo, ¡EL GRAN CAMBIO ES UNA REFORMA FISCAL PROGRESIVA!
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