Si la información no abundara en esta época, sería muy fácil confundir las masas populares, y en específico los sectores electorales. El gobierno dominicano teme como el diablo a la cruz al voto del dominicano en el exterior.
El partido de gobierno (PLD) ha perdido las últimas dos elecciones en EEUU, y una de ellas la ganó en Europa por el esfuerzo y el liderazgo del compañero Marcos Cross, quien ya pasó al Partido Fuerza del Pueblo; hay una infinidad de razones para que el viejo Partido de la Liberación Dominicana reciba una sonora derrota de los exiliados económicos este 5 de julio.
La Constitución dominicana garantiza para el dominicano ausente, en dominio de sus facultades legales y constitucionales, el derecho de elegir y ser elegido; y este derecho, le debe ser avalado y respaldado por el Estado dominicano en todas sus dependencias; llámense embajadas, consulados, o la Junta Central Electoral.
Esta última debe proclamar a la mayor brevedad posible, la apertura de campaña electoral y elecciones en el exterior del país, donde quiera que existan conglomerados de dominicanos con importancia numérica. Una tardanza en esta proclamación podría ser interpretada como otra confabulación con el gobierno dominicano en obstrucción de la democracia.
Los dominicanos ausentes de su territorio se han ganado honrosamente los derechos constitucionales que le asisten, mucho más que los zancudos embotellados en instituciones no funcionales cobrando sin trabajar, no solo en el país, sino también en muchísimas dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El emigrante dominicano, ha hecho una contribución al Producto Interno Bruto de nuestro país en la última década, superior al 6%; en el 2010 las divisas por remesas superaron al financiamiento externo por US2119 millones, en el año 2015 alcanzaron su máximo nivel con US4600 millones, y en el 2017 fue de US3130 millones.
Y aquí nos preguntamos, ¿En cuánto contribuyen las botellas y pulgones que viven del Presupuesto Nacional con el PIB?; ésta es la razón de mayor peso, para buscar todas las fórmulas posibles que permitan al dominicano emigrante ejercer su derecho constitucional a decidir quién debe gobernar su país.
El temor justificado del partido de gobierno a un voto que no puede comprar, o extorsionar; un voto libre de clientelismo, motivado por las condiciones materiales de existencia de los familiares que dejamos a meced de gobernantes que deshonran su palabra como Danilo Medina, no debe frenar a la JCE para buscar las facilidades logísticas en este ejercicio democrático.
Los dominicanos en el exterior esperamos para decidir el futuro de nuestro país; y esperamos una decisión sensata de la Junta Central Electoral dominicana, para el voto en el exterior.
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