Montevideo.- Autoridades uruguayas han comenzado a trabajar en la búsqueda de recursos para crear tres juzgados de violencia de género, cuya implementación estaba marcada en la Ley de Presupuesto, después de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del país suramericano asegurara hace unos días no disponer de ellos.

“Los juzgados se tienen que crear”, aseguró a Efe la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero, quien remarca que lo que sucedió fue “una sorpresa”.

Según explicó, la aprobada Ley de Presupuesto para el quinquenio 2020-2024 ya asignó una partida de dinero para la creación de estas sedes, que se ubicarán en el norte del país.

“Esto ya estaba decidido y nos costó mucho conseguirlo en el Parlamento”, indicó Bottero. De hecho, para que esto se lograra hubo que reasignar recursos a pedido de la presidenta de la Asamblea General y vicepresidenta del país, Beatriz Argimón.

Sin embargo, tal como señaló la directora de Inmujeres, la no derogación por el Legislativo de parte de un artículo de la Ley de Violencia Hacia las Mujeres Basada en Género implica que los juzgados deban entender en otra materia y tengan “una sobrecarga”.

Esto llevó a que la Suprema Corte enviara días atrás una carta al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, informando de que no podría instalar los juzgados.

Bottero aseveró que, junto a Argimón, buscará mantener un encuentro con autoridades de la SCJ para analizar la situación, ver cuánto dinero falta y conseguirlo.

Por su parte, en diálogo con Efe, Liliam Kechichian, senadora del Frente Amplio, coalición de izquierdas ahora en la oposición, mostró su preocupación por la situación.

“Eso es un problema en el que estuvimos todas de acuerdo. Los recursos los votamos todos los partidos. Fue una pelea fuerte porque no estaba en el presupuesto y finalmente, ante gestiones de la vicepresidenta (Argimón), pero también ante la postura firme de las mujeres de todos los partidos, el tema quedo incluido. Nos llama poderosamente la atención que la SCJ diga que no tiene presupuesto”, argumentó la que fuera ministra uruguaya de Turismo (2012-2020).

En tanto, Valeria Caggiano, portavoz de la Intersocial Feminista, apostilló a Efe que ve el tema “con mucha preocupación” y remarcó que la Justicia debe dar “garantías” a las mujeres que transitan situaciones de violencia de género.

Según indicó Bottero, en el territorio que va desde el centro hacia el norte del país es donde las mujeres “están pasando peor”.

“En las zonas rurales y del interior del país es difícil poder denunciar porque culturalmente es muy complicado. Una vez que lo hacen tienen que peregrinar por varios juzgados”, aseveró y añadió que con las nuevas sedes se evitará la “revictimización” de la mujer.

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