Ciudad de México.- Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer en diversos países de América Latina aprovecharon el Día Internacional por la Despenalización del Aborto para exigir a sus gobiernos que la interrupción voluntaria del embarazo deje de ser un crimen.

En México la Suprema Corte ya se pronunció en ese sentido hace tres semanas con lo que las marchas del martes tuvieron un ligero sabor a victoria. En Colombia, el máximo tribunal se pronunciará en breve sobre el tema y las activistas querían el martes dejar oír su voz. Y en Chile, se dio el mismo martes un importante paso: la cámara de diputados aprobó legislar sobre el tema aunque ahora tendrá que verse el detalle de la futura ley.

La sentencia de la corte mexicana, que declara inconstitucional el aborto, afecta de forma inmediata solo a un estado del norte del país pero sienta precedente y los jueces en el resto del país que tengan que pronunciarse sobre este tema deben seguir la misma pauta.

Por eso Virviana Avila, una nutrióloga de 26 años, lo consideraba un “gran avance pero sin duda no nos podemos quedar solamente con eso porque faltan muchos estados”, dijo mientras marchaba por una calle del centro de la capital mexicana donde se dieron cita cientos de mujeres que al ritmo de tambores y lanzando fuegos artificiales al grito de “aborto sí, aborto no, eso lo decido yo”, llegaron hasta el zócalo de Ciudad de México.

Aunque hubo un fuerte despliegue de seguridad antimotines, solo se registraron incidentes menores y aislados.

La interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación en posible en cuatro estados de México —la capital, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz- mientras que en los otros 28 es considerada un delito con algunas excepciones.

Según Verónica Cruz, directora de la ONG ’Las Libres, su organización ha detectado al menos 200 mujeres en diferentes estados de México que están enfrentando procesos judiciales por homicidio en razón de parentesco, infanticidio, feminicidio y omisión de cuidados tras sufrir abortos espontáneos y agregó que es urgente que esos casos se atiendan y las mujeres sean liberadas de los procesos en atención al fallo del Suprema Corte.

“Creo que es muy inconstitucional decidir sobre el cuerpo de alguien. Todos tenemos el derecho de vivir y tenemos el derecho de hacer o deshacer”, afirmó Fabiola Gutiérrez, una activista de 25 años mientras arrancaba hojas de un cuaderno para arrojarlas en una fogata que hicieron las manifestantes en pleno Zócalo para “quemar las culpas”.

En Colombia, la activista y jurista Cristina Rosero Arteaga protestaba junto a decenas de mujeres frente a la Corte Constitucional de Colombia exigiendo que el delito de aborto del Código Penal. Vestida con la emblemática pañoleta verde y un suéter y tapabocas del mismo color, levantaba un cartel que decía: “Decidir sobre mi cuerpo no me hace criminal”.

El tribunal colombiano está a punto de fallar sobre una demanda que pide declarar inconstitucional el artículo que indica que una mujer que aborte puede ser condenada a pagar entre uno y cuatro años de prisión.

En ese país solo está permitido el aborto bajo tres causales desde 2006: cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida y cuando el embarazo sea el resultado de una violación.

Para Rosero Arteaga, abogada del Centro de Derechos Reproductivos, la criminalización del aborto afecta a las mujeres más vulnerables. “Casi el 97 % de los casos que son investigados en este tema corresponden a mujeres en zonas rurales y casi el 30 % de ellas fueron víctimas de violencia sexual, intrafamiliar y lesiones personales”, indicó.

Un informe de la Mesa por la Vida difundido este año indica que entre 2006 y 2019 fueron condenadas o sancionadas por el delito de aborto 346 personas, siendo las menores de edad entre 14 y 17 años las más “perseguidas y sancionadas”, al representar el 12% de los casos.

En las redes, grupos feministas convocaron a un “pañuelazo virtual” para invitar a las mujeres a fotografiarse con pañuelos verdes para exigir la despenalización del aborto.

El avance del día para el movimiento feminista latinoamericano llegó de Chile, donde la Cámara de Diputados aprobó redactar un proyecto que busque despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación en un país sin estadísticas sobre cuántas de estas prácticas se realizan por año. La decisión es solo el primer paso porque la futura ley deberá terminar su trámite detallado en el Congreso y luego pasar al Senado.

Hasta ahora la interrupción del embarazo está permitida en casos de violación, peligro de vida de la madre e inviabilidad del feto.

En América Latina parece haber una tendencia hacia la despenalización aunque la influencia de la Iglesia Católica, que lo condena, es muy fuerte en gran parte de la región.

El proyecto para despenalizar el aborto en Chile durmió en el Congreso durante dos años y medio y recién se reactivó cuando en diciembre de 2020 se aprobó una ley similar en Argentina que se unió así a países que ya tenían aborto legal como Uruguay y Cuba.

El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana lo prohíben sin excepciones y lo castigan con la cárcel.

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