La Haya.- El Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó a los jueces una autorización para retomar las investigaciones sobre los crímenes cometidos en Afganistán, puesto que el control del país por parte de los talibanes impide investigaciones “reales y efectivas” por parte de unas autoridades nacionales.

Debido a “la escala y la naturaleza de los delitos” que se comenten en diversas partes del mundo y los límites de recursos en su oficina, señaló Khan, las próximas investigaciones en Afganistán -en caso de que se autoricen- se centrarán en los delitos presuntamente cometidos por los talibanes y la filial del grupo Estado Islámico (EI-Khorasan), dejando en segundo plano otros aspectos.

“La gravedad, la escala y el carácter continuo” de los presuntos delitos cometidos por estos dos grupos en Afganistán incluyen denuncias de “ataques indiscriminados contra civiles, ejecuciones extrajudiciales selectivas, persecución de mujeres y niñas, delitos contra los niños y otros delitos que afectan a la población civil en general”.

A pesar de que, en marzo de 2020, los jueces de la CPI autorizaron a la entonces fiscal, Fatou Bensouda, a investigar los presuntos crímenes de jurisdicción internacional cometidos en Afganistán desde el 1 de julio de 2002, el anterior gobierno de Kabul solicitó en marzo de 2020 que delegue la investigación a las autoridades nacionales afganas.

En base al Estatuto de Roma, por el que se rige la CPI, Bensouda tuvo que responder a la petición de Kabul y paralizar la investigación, pero Khan consideró hoy que con los cambios acontecidos en Afganistán desde el 15 de agosto, con el control del país por parte de los talibanes, llegó a su fin el “compromiso constructivo del gobierno afgano” con el Estatuto.

El fiscal consideró que los acontecimientos recientes en Afganistán y la variación en las autoridades nacionales suponen un “cambio significativo” en el curso de la investigación y concluyó que “ya no existe la posibilidad de que se realicen investigaciones nacionales reales y efectivas sobre los crímenes” cometidos en ese país asiático.

“Esto no quiere decir que nunca pueda haber ninguna perspectiva de procedimientos adecuados y efectivos en Afganistán, llevados a cabo por las autoridades estatales de conformidad con el Estatuto. Sin embargo, no están disponibles en Afganistán en este momento”, señaló Khan.

El fiscal recordó el ataque terrorista contra el aeropuerto de Kabul el pasado 26 de agosto, que fue reivindicado por EI-Khorasan, y subrayó que el Consejo de Seguridad de Nacionales Unidas ya advirtió de que “las actividades terroristas del Estado Islámico constituyen una amenaza global para la paz y la seguridad internacionales”.

Además, los talibanes mataron el pasado sábado a cuatro secuestradores y colgaron sus cuerpos en público en la ciudad de Herat, en el oeste de Afganistán, en el primer castigo de este tipo desde que los fundamentalistas tomaron el control total del país.

Los brutales castigos como el ahorcamiento, las amputaciones, la lapidación, y los latigazos, fueron sanciones comunes durante el primer gobierno de los talibanes en 1996-2001. Durante ese periodo, los islamistas radicales colgaban en público, casi a diario, cuerpos de criminales en Kabul o alguna provincia del país.

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